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La Justicia autorizó la venta de 161 cabezas de ganado recuperadas en una causa por supuesta sustracción en un campo del sur de Santa Fe, permitiendo que el productor concrete la operación con el mismo comprador original pero sin la intervención del imputado. La resolución, firmada por el fiscal adjunto Ramiro Martínez, libera una medida cautelar y puede sentar un antecedente sobre el ejercicio del derecho de propiedad y la intervención de intermediarios en operaciones agropecuarias.
Qué resolvió el fiscal
En una resolución de la Fiscalía de Villa Constitución, se dejó sin efecto la designación de depositario judicial sobre el ganado, lo que desbloquea la comercialización de las 161 cabezas que estaban bajo custodia. El fiscal consideró acreditada la titularidad del productor y sostuvo que “cesaron las razones que motivaron la cautela”, por lo que autorizó la disposición de los semovientes en los términos informados.
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La venta autorizada será directa entre el titular y el comprador señalado por el productor, y expresamente sin la participación de Nicolás Coscia, quien figura imputado en la causa.
Datos clave del caso
- Denuncia inicial: mediados de marzo, por la supuesta desaparición de 190 vacunos en un establecimiento de Santa Teresa.
- Animales localizados: 161 vacunos encontrados en Chabás.
- Fecha de la operación original: 25 de febrero, mediante la consignataria Aguirre Vázquez.
- Destino: feedlot de Luis Polimanti, según la investigación.
- Importe registrado: más de $267 millones en la documentación comercial asociada.
- Medida judicial levantada: el depósito judicial que impedía la venta.
Origen y circunstancias
El conflicto comenzó cuando el productor, conocido públicamente en redes sociales, denunció que varios animales habían sido trasladados sin su autorización. En su presentación mostró guías de traslado (DT-e) y documentación comercial que, según dijo, acreditan una venta por 161 animales por un monto millonario que él no había autorizado ni cobrado.
La causa derivó en la imputación de Coscia por presunta defraudación por abuso de confianza: la hipótesis fiscal plantea que el imputado tenía a su cargo los animales en un acuerdo de pastaje y habría procedido a la venta sin la conformidad del titular.
Posiciones enfrentadas
La defensa de Coscia niega que exista delito y asegura que la operatoria respondía a prácticas habituales en las relaciones comerciales entre productor y tercero encargado del engorde y la venta.
Por su parte, la consignataria Aguirre Vázquez se presentó como perjudicada por una maniobra y afirmó que colabora con la investigación aportando la documentación solicitada por la Justicia.
Qué cambia ahora y por qué importa
Con la autorización, el productor puede concretar la venta directamente al comprador indicado —identificado en la causa como Polimanti— y el Senasa fue instruido a intervenir para registrar formalmente la transferencia de la hacienda. Esa intervención busca transparentar el movimiento y dejar constancia administrativa del cambio de titularidad.
El caso tiene relevancia práctica: define hasta qué punto una medida cautelar puede mantenerse pese a acreditarse la titularidad, y plantea dudas sobre el rol de intermediarios y consignatarias en operaciones donde surgen discrepancias sobre autorizaciones y documentación. Para productores y operadores del mercado ganadero, la resolución subraya la importancia de registrar y custodiar pruebas de titularidad y acuerdos comerciales.
Lo que sigue en la causa
La investigación continúa en manos de la Fiscalía de Villa Constitución: además de las medidas administrativas para el traslado y registro del ganado, la causa seguirá analizando responsabilidades penales por la posible venta sin autorización. El desenlace judicial marcará si la operación original fue irregular y definirá eventuales sanciones para quienes resulten responsables.
