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El juez comercial Horacio Francisco Robledo declaró la quiebra del empresario Alberto Samid, una decisión con efectos inmediatos sobre sus bienes y su movilidad que llega tras la falta de acuerdo con sus acreedores en un concurso iniciado en 2022. La medida, comunicada por una resolución fechada el 16 de diciembre de 2025, expone ahora el destino de un pasivo verificado por más de 276 millones de pesos y genera interrogantes sobre la posibilidad de repatriar al empresario, a quien su familia reportó internado en Uruguay.
La resolución judicial establece que Samid no logró la «doble conformidad» prevista por la Ley de Concursos y Quiebras, condición necesaria para mantener el régimen preventivo. Ante ello, el magistrado dispuso formalmente la apertura de la quiebra y una batería de medidas procesales destinadas a preservar el patrimonio y facilitar la verificación de créditos.
Quiénes reclaman y cuánto
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Según el expediente Nº 20602/2022, la deuda total verificada alcanza los $276,66 millones, en su mayor parte pasivos tributarios. Entre los principales acreedores se encuentran:
- ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero): aproximadamente $179 millones.
- ARBA (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires): cerca de $94 millones por Ingresos Brutos e Impuesto Automotor.
- Smart Commerce y otros acreedores que completan la lista de verificados.
Medidas judiciales vigentes
El fallo incorpora varias restricciones y órdenes destinadas a asegurar la conservación de activos y la correcta gestión del proceso concursal. Entre las principales medidas figuran:
- Inhibición general de bienes, con anotaciones en registros de inmuebles, automotores, naves y aeronaves.
- Prohibición de salida del país hasta el 3 de julio de 2026, salvo autorización expresa del tribunal.
- Mandamientos de constatación, clausura e incautación de documentación y bienes en el domicilio del deudor.
- Intervención de la correspondencia: las comunicaciones deberán ser remitidas a la Sindicatura.
- Continuidad de la intervención de la síndica, la contadora Sandra Nicola, en las actuaciones.
La Sindicatura tiene la responsabilidad de determinar el activo falencial y presentar un informe pormenorizado sobre los actos realizados por el deudor el 3 de julio de 2026. Los acreedores, por su parte, disponen de plazo hasta el 31 de marzo próximo para solicitar la verificación de sus créditos.
Motivos que llevaron a la quiebra
El juez fundamentó su decisión en dos puntos centrales: la negativa o falta de conformidad expresa de acreedores clave y las constancias de las audiencias informativas. ARCA, en particular, dejó constancia en el expediente de que la cancelación de pasivos atribuida a la empresa El Fuego y el Agua —frigorífico de Cañuelas del cual Samid fue garante— no contaba con una sentencia firme que la respalde. Además, en las audiencias de mayo de 2024 el propio empresario reconoció la ausencia de respuesta de ARBA ante su pedido de ingresar en un plan de facilidades.
En paralelo, la situación patrimonial y judicial de Samid incluye otros antecedentes: la Cámara Federal de Casación Penal cerró por prescripción en 2025 un expediente iniciando en 2015 por presunta retención indebida de tributos, mientras que una condena firme de 2019 por asociación ilícita y evasión —con pena de cuatro años— se cumplió en abril de 2023.
Internación en Uruguay y disputa por el traslado
La noticia de la quiebra coincide con la declaración pública de su esposa, Marisa Scarafía, quien informó que Samid está internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este tras detectar un virus en sangre que habría agravado un cuadro inicial de infección urinaria. La familia solicitó un traslado sanitario a Buenos Aires y reclamó ayuda a autoridades provinciales y nacionales para gestionarlo.
La defensa del empresario, representada por la abogada Yanina Nicoletti, afirmó que Samid tenía una autorización judicial para viajar, lo que plantea un posible conflicto entre la prohibición impuesta por la medida de quiebra y permisos excepcionales otorgados por el tribunal.
En su cuenta en la red social X, el empresario criticó la negativa, según su versión, de la Provincia y de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación a facilitar el traslado solicitado, mensaje que agregó tensión política al episodio dado su respaldo previo a figuras provinciales.
Qué sigue y por qué importa
Con la quiebra declarada, el proceso ahora se encamina a la identificación y liquidación del activo falencial, una etapa que puede derivar en la venta de bienes para satisfacer créditos priorizados por la ley. Para los acreedores públicos —especialmente ARCA y ARBA— la decisión judicial resulta clave para la recuperación de obligaciones tributarias relevantes.
- Implicaciones para Samid: limitaciones para disponer de patrimonio y restricciones de movilidad hasta julio de 2026, salvo autorización judicial.
- Para el fisco: la Sindicatura coordinará la verificación de créditos y el posible remate de bienes.
- Para la opinión pública: la concatenación de causas judiciales y la situación de salud del empresario mantienen el caso en la agenda política y mediática.
La causa permanecerá en el foco durante los próximos meses, con plazos clave para la presentación de verificaciones y el informe de la Sindicatura. Estaremos pendientes de las actuaciones judiciales y de cualquier notificación sobre la situación clínica y procesal de Samid que pueda modificar el curso del procedimiento.
