Una investigación penal por robos de ganado en Corrientes terminó con la recuperación de cerca de 250 cabezas, varios allanamientos y detenciones que ahora alcanzan incluso a figuras locales. La causa, que comenzó tras la intercepción de un camión con documentación irregular, ya activó un proceso de restitución y empuja cambios en la respuesta judicial y de seguridad en la zona.
El operativo judicial incluyó seis registros domiciliarios formales y una intervención adicional autorizada por un propietario rural donde se sospechaba del arrendatario. Esos procedimientos permitieron localizar hacienda proveniente de sustracciones en distintos campos y concentrarla para peritajes.
Hasta ahora hay, en forma preventiva, tres detenidos y al menos un hombre con pedido de detención. Entre los aprehendidos figuran el conductor del vehículo incautado y dos personas vinculadas al acopio de la hacienda; otro fue arrestado en su establecimiento por tenencia de animales identificados como robados. La fiscalía confirmó que se notificó a dos mujeres en calidad de investigadas, entre ellas una integrante del Concejo Deliberante de La Cruz, sin que por ahora se haya formalizado una imputación.
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Productores del norte provincial estiman que el episodio afectó a unas 45 explotaciones, con pérdidas variables de acuerdo al caso.
Fuentes del sector agropecuario reconstruyen un patrón reiterado: muchas veces los ilícitos eran cometidos por arrendatarios que, tras sacar animales de los campos, los trasladaban hacia la periferia urbana y de allí a mataderos clandestinos.
Qué se logró y qué cambia ahora
- Recupero de hacienda: se completaron pericias y comenzó la devolución a propietarios que acrediten marcas y documentos.
- Acciones penales: hay detenciones con medidas cautelares y un prófugo con pedido de captura.
- Investigación política: la pesquisa alcanzó a una funcionaria local que fue notificada como investigada.
- Respuesta institucional: se anunció la creación de una Fiscalía rural para Paso de los Libres y municipios vecinos.
El presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes valoró la coordinación entre fuerzas provinciales y el Ejecutivo local, y destacó una reunión reciente con el gobernador y ministros provinciales para articular medidas. Las autoridades provinciales, por su parte, promueven que esta investigación sirva de modelo para intervenir en otros pasos fronterizos con Brasil, donde el problema se repite.
En paralelo, se pusieron en marcha contactos con organismos nacionales: representantes del campo buscan trabajar con el Ministerio de Seguridad, Gendarmería y Prefectura para reforzar controles en la costa del río Uruguay y en los pasos limítrofes.
Para los productores, el efecto práctico es inmediato: las sociedades rurales ya difunden las marcas y los interesados pueden retirar la hacienda que les corresponde, una vez verificada la titularidad. A mediano plazo, la instalación de una fiscalía especializada pretende agilizar las causas por abigeato y reducir la sensación de impunidad en áreas de frontera.
Quedan pendientes audiencias, la posible imputación de las personas hoy investigadas y el seguimiento del proceso penal contra los señalados como organizadores. También está en agenda un pedido del sector rural para mantener un diálogo directo con fiscales y el Ministerio Público, con el objetivo de que la respuesta judicial sea sostenida y coordinada en los departamentos más afectados.
Lo que ocurrió en La Cruz subraya dos consecuencias prácticas: la investigación demuestra que las redes de robo de ganado pueden desarticularse con trabajo conjunto entre productores, fuerzas de seguridad y la Justicia; y, simultáneamente, obliga a ampliar la vigilancia en cruces fronterizos y a revisar contratos de arriendo y controles en mataderos.
