Proyectan instalar unidades carcelarias en Quilmes

En las últimas horas trascendió la información de un proyecto de ley que hace hincapié en declarar de utilidad pública dos predios ubicados en la ribera de Quilmes para construir establecimientos penitenciarios o alcaldías.

Hasta el momento se supo que el gobierno de la provincia de Buenos Aires habría enviado a la legislatura bonaerense un proyecto de Ley por el cual se expropiarían y declararían de utilidad público dos predios ubicados en cercanías de la ribera de Quilmes y la autopista BsAs – La Plata para instalar complejos carcelarios.

La medida se enmarca en el plan de seguridad anunciado por Alberto Fernández, el cual prevé la construcción de 12 unidades carcelarias y la refacción y ampliación de varias de las existentes por un presupuesto de 20.531 millones de pesos.

Según afirma un comunicado, el proyecto enviado por el gobernador bonaerense a la legislatura contempla la expropiación y declaración de utilidad pública de predios en Quilmes, Merlo, Moreno y La Matanza. Los mismos serían transferidos en propiedad al Estado Provincial, quien los cederá, a través del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y serán destinados para la construcción, en el plazo de diez (10) años, de establecimientos penitenciarios y Alcaidías Departamentales, y puesta en funcionamiento de los mismos, en el marco del Plan de Infraestructura Penitenciaria.

Finalmente se comunicó que en Quilmes las dos manzanas destinadas a tal fin están ubicadas en Panizza y Solís de la Ribera local a metros de la Autopista Buenos Aires – La Plata; identificado catastralmente como Partido: 86, Circunscripción: 1, Sección: F, Manzana: 51, Parcelas 1 a 30; y  Partido: 86, Circunscripción: 1, Sección: F, Manzana: 56, Parcela: 1 a 30.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°- Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble
de propiedad de particulares situado en el partido de Quilmes, identificado
catastralmente como Partido: 86, Circunscripción: 1, Sección: F, Manzana: 51,
Parcelas 1 a 30; el cual resulta indispensable para el cumplimiento del Plan de
Infraestructura Penitenciaria, aprobado por Resolución del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos N° RESO-2020-831-GDEBA-MJYDHGP.
Artículo 2°- Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble
de propiedad de particulares situado en el partido de Quilmes, identificado
catastralmente como Partido: 86, Circunscripción: 1, Sección: F, Manzana: 56,
Parcela: 1 a 30; el cual resulta indispensable para el cumplimiento del Plan de
Infraestructura Penitenciaria, aprobado por Resolución del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos N° RESO-2020-831-GDEBA-MJYDHGP.
Artículo 3°- Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble
de propiedad de particulares situado en el partido de Merlo, identificado
catastralmente como Partido: 72, Circunscripción: 3, Sección: U, Chacra: 2,
Parcelas 1, 2, 5, 8, 9,10,11,12 y 13; el cual resulta indispensable para el
cumplimiento del Plan de Infraestructura Penitenciaria, aprobado por
Resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos N° RESO-2020-831-
GDEBA-MJYDHGP.
Artículo 4°- Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble
de propiedad de particulares situado en el partido de Moreno, identificado
catastralmente como Partido: 74, Circunscripción: 5, Parcela: 1369C; el cual
resulta indispensable para el cumplimiento del Plan de Infraestructura
Penitenciaria, aprobado por Resolución del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos N° RESO-2020-831-GDEBA-MJYDHGP.
Artículo 5°- Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble
de propiedad de particulares situado en el partido de Moreno, identificado
catastralmente como Partido: 74, Circunscripción: 5, Parcela: 1369D; el cual
resulta indispensable para el cumplimiento del Plan de Infraestructura
Penitenciaria, aprobado por Resolución del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos N° RESO-2020-831-GDEBA-MJYDHGP.
Artículo 6°- Declárnse de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble
de propiedad de particulares situado en el partido de La Matanza, identificado
catastralmente como Partido: 70, Circunscripción: 5, Parcela: 747KK; el cual
resulta indispensable para el cumplimiento del Plan de Infraestructura
Penitenciaria, aprobado por Resolución del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos N° RESO-2020-831-GDEBA-MJYDHGP.

Artículo 7°- Los inmuebles expropiados por la presente Ley serán transferidos
en propiedad al Estado Provincial, quien los cederá, a través del Poder
Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Artículo 8°- Los inmuebles expropiados por la presente Ley serán destinados
para la construcción, en el plazo de diez (10) años, de establecimientos
penitenciarios y Alcaidías Departamentales, y puesta en funcionamiento de los
mismos, en el marco del Plan de Infraestructura Penitenciaria.
Artículo 9°- Declárese de urgencia las expropiaciones de acuerdo a las
prescripciones de la Ley Nº 5.708 (T.O. s/Decreto 8.523/86), a fin de tomar
inmediata posesión de los inmuebles.
Artículo 10°- Excéptuase a la presente ley de los alcances del artículo 47° de
la Ley 5.708 (T.O s/Decreto 8.523/86), estableciéndose en diez (10) años el
plazo para considerar abandonadas las expropiaciones.
Artículo 11°- Autorícese al Poder Ejecutivo a efectuar en el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos las adecuaciones que resulten
necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 12°- Autorícese al Poder Ejecutivo a proceder a la compensación de
créditos fiscales que la Provincia posea contra los titulares de dominio en
concepto de impuestos, sellados, tasas, multas, gravámenes y demás tributos
provinciales.
Artículo 13°- Las escrituras traslativas de dominio serán otorgadas por ante la
Escribanía General de Gobierno, estando exentas las mismas del pago del
impuesto al acto.
Artículo 14°- Desígnese como Autoridad de Aplicación de la presente Ley al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, el
que estará facultado para dictar las normas complementarias e interpretativas
que resulten necesarias y efectuar todas las gestiones para su cumplimiento.
Artículo 15°- Comuníquese la presente a la Suprema Corte de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires, en el marco de la Acordada 3341/19.
Artículo 16°- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY

Que la Ley Nº 14.806 (T.O. 2016) declaró la emergencia en materia de
seguridad pública y de política y salud penitenciaria en todo el territorio de la
Provincia de Buenos Aires, con la finalidad de resguardar la integridad física y
los bienes de todas las personas.
Que por la Ley N° 14.812 (T.O. 2016) se declaró la emergencia en materia de
infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos en el ámbito de la
provincia de Buenos Aires, con la finalidad de paliar el déficit existente y
posibilitar la realización de las acciones tendientes a la promoción del bienestar
general.
Que la Ley N° 15.165 (T.O. 2019) prorrogó en último término las citadas
emergencias, estableciendo que dichas leyes, sus normas modificatorias,
complementarias y reglamentarias, junto con las normas que se dicten en
consecuencia, deberán interpretarse y aplicarse como un marco normativo
único y común de la emergencia provincial.
Que este andamiaje jurídico, en pos del cumplimiento de la finalidad
establecida, autoriza, entre otros, al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, a ejecutar las obras y contratar la provisión de servicios y
suministros necesarios para el cumplimiento de los objetivos, pudiendo utilizar,
a tal fin, las normas de excepción previstas, entre otras, en la Ley General de
Expropiaciones Nº 5.708 (T.O. 1952) y modificatorias.
Que en el marco de la actual emergencia, sobresale la crisis en materia de
infraestructura penitenciaria, en razón de la sobrepoblación existente en los
establecimientos destinados al alojamiento de personas privadas de la libertad;
problemática estructural que desde hace tiempo azota a la provincia, e incide
directamente en las condiciones de detención dentro de las Unidades del
Servicio Penitenciario Bonaerense y en Alcaidías Departamentales; como así
también, en comisarías.
Que entre los años 2016 y 2019 se produjo un incremento extraordinario en el
número de personas privadas de la libertad. Puesto que, en el año 2015 la
cantidad de encarcelados era cercana a los 35.000, con una tasa
deprisionalización de 240 personas por cada 100.000 habitantes; llegando a
finales de 2019 a 308 por cada 100.000 habitantes, culminando con una
población carcelaria de casi 49.000 personas.
Esa circunstancia elevó sensiblemente los niveles de hacinamiento y agudizó el
deterioro del sistema. En tales condiciones, el Estado provincial se encuentra
impedido de garantizar los umbrales mínimos que, en materia de tratamiento

de personas detenidas, se comprometió a cumplir ante la comunidad
internacional.
Que en ese sentido, considerando el frágil escenario descripto, en octubre de
2019, el Tribunal de Casación Penal publicó el “Documento sobre las
condiciones de detención en la Provincia de Buenos Aires”, en el cual detalló el
agravamiento de las condiciones de detención existentes, en comparación con
el periodo posterior al fallo «Verbitsky»; especialmente a partir del año 2016.
Que el Servicio Penitenciario Bonaerense afronta la sobrepoblación más alta
de su historia, cuyo registro se ubica por encima del 100%, de acuerdo a la
capacidad de alojamiento de las 58 Unidades Penitenciarias y 10 Alcaidías
Departamentales existentes.
Lo cual se encuentra intrínsecamente relacionado con la realidad imperante en
las comisarias de la provincia, las que continúan con una condición edilicia
similar a la relevada en el fallo «Verbitsky»; con calabozos en deficiente estado
de conservación e higiene, careciendo, por lo general, de ventilación y luz
natural, sin ningún tipo de mobiliario, y con sanitarios insuficientes para todos
los detenidos. Si bien, el alojamiento en comisarias resulta excepcional, la falta
de cupo en el sistema penitenciario imposibilita el traspaso a dependencias que
cumplan con los estándares mínimos.
Que en función de esta apremiante situación, a fin de cumplir con lo ordenado
por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en su Resolución
3341/19, que exhortó al Poder Ejecutivo a que “arbitre los medios necesarios
para la urgente subsanación de este estado de cosas”, y las conclusiones
arribadas en la Mesa de Dialogo, conformada según DECRE-2019-24-GDEBA-
GPBA del Sr. Gobernador de la Provincia; la que fue integrada por organismos
estatales competentes, organizaciones no gubernamentales dedicadas a la
protección de los derechos humanos y entidades pertinentes, en la cual se
realizó un abordaje integral de las condiciones de detención de las personas
privadas de la libertad, con arreglo a los parámetros establecidos en el fallo
“Verbitsky”.
Que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se ha abocado al diseño y
ejecución de una obra de carácter general, por medio de un ambicioso Plan de
Infraestructura Penitenciaria, que permita dar respuesta a la problemática
imperante en la Provincia mediante la construcción de nuevas Unidades y
Alcaidías Penitenciarias, como así también, de nuevas Alcaidías
Departamentales, principalmente en la zona del AMBA.
Que este Plan cuenta con financiamiento de organismos multilaterales de
crédito, del Ministerio de Obras Públicas de Nación y del Ministerio de
Infraestructura y Servicio Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

Que en la actualidad, se han realizado obras de ampliación y/o mejoramiento
de establecimientos existentes en el sistema penitenciario provincial, a fin de
generar 2.050 nuevas plazas de alojamiento; lo que ha significado un gran
avance en el abordaje de la problemática, pero que aún así, no logra dar cabal
respuesta a la sobrepoblación, ni solucionar el déficit estructural carcelario.
Siendo indispensable la ejecución completa de la obra proyectada.
Que para la concreción total del citado Plan se requiere la urgente adquisición
de inmuebles que, por sus características y ubicación geográfica estratégica,
sean idóneos para la construcción de establecimientos carcelarios, Alcaidías
Penitenciarias y Departamentales, eficaces y dignas, en cumplimiento de los
estándares internacionales, en consonancia con las orientaciones técnicas para
la planificación de establecimientos penitenciarios de la UNOPS; y que faciliten
la vinculación de las personas privadas de la libertad con su entorno familiar; y
que permitan la conexión directa con organismos judiciales; el fluido acceso a
servicios de atención sanitarias y de educación; la concreción de oportunidades
laborales y programas de trabajo; y, a su vez, se integren armónicamente al
sistema penitenciario actual.
Que, específicamente, la cantidad de personas que tienen domicilio en el
AMBA, y se encuentran alojadas en Unidades Penitenciarias, Alcaidías y
comisarias de la Provincia, representan el 69,2% del total de la población
analizada; cuando en contraposición, el total de plazas con la que cuenta el
sistema para alojar a personas en ubicaciones cercanas en dicha región, es de
apenas el 38,7% del total de la capacidad carcelaria.
Que la construcción de establecimientos carcelarios próximos a los vínculos
familiares y/o afectivos resultan fundamentales para evitar la desintegración de
los lazos familiares y sociales; y de ninguna forma el encarcelamiento puede
cercenar el derecho a mantenerse en contacto con personas o instituciones del
medio libre, incluyéndose en este punto por un lado, el derecho que debe
reconocerse a favor de la persona privada de su libertad a recibir visitas en el
establecimiento penitenciario y también el de comunicarse con familiares,
allegados, amigos, representantes, asesores o abogados y toda otra institución
que vincularmente favorezca al proceso de reintegración social, encontrando su
sustento en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de
Reclusos; principalmente, la Regla 59 que enuncia que “En la medida de lo
posible, los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios
cercanos a su hogar de reinserción social”.
Todo ello, tiene un impacto beneficioso sobre el bienestar psicológico de los
privados de la libertad y de sus familiares, contribuyendo a su vez a reducir las
tensiones y conflictividades en los lugares de detención, sobre todo en aquellos
en los que el hacinamiento es un factor agravante (Manual Sobre Estrategias
Para Reducir el Hacinamiento enlas Prisiones – Oficina de las Naciones Unidas

Contra la Droga y el Delito –UNODC – con la cooperación del Comité
Internacional de la Cruz Roja –CICR-).
Ello, por cuanto la localización de una cárcel depende de múltiples factores,
relacionados con la futura ubicación, servicios disponibles, cercanía y
comunicación con los centros urbanos y otras ciudades, impacto ambiental, lo
que en la práctica implica que debe primero relevarse el área donde es posible
su ubicación y luego los titulares de los inmuebles aptos, que pueden ser más
de uno, y no comenzar por relevar la oferta inmobiliaria de tierra disponible que
por naturaleza está dirigida a otro mercado (campos, quintas, chacras,
desarrollos urbanos, etcétera.).
Que, en este contexto, ante la carencia por parte de la Provincia de predios con
estas características, y tras haberse realizado, sin resultados positivos, una
exhaustiva búsqueda para la compra de terrenos aptos, surge la necesidad de
declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación, los inmuebles situados en
los partidos de Quilmes, Merlo, Moreno y La Matanza, individualizados
catastralmente como Partido: 86 (Quilmes) Circunscripción: 1, Sección: F,
Manzana: 51, Parcelas 1 a 30; Partido: 86 (Quilmes) Circunscripción: 1,
Sección: F, Manzana: 56, Parcela: 1 a 30; Partido: 72 (Merlo), Circunscripción:
3, Sección: U, Chacra: 2, Parcelas 1, 2, 5, 8, 9,10,11,12 y 13; Partido: 74
(Moreno), Circunscripción: 5, Parcela: 1369C; Partido: 74 (Moreno),
Circunscripción: 5, Parcela: 1369D; Partido: 70 (La Matanza), Circunscripción:
5, Parcela: 747KK; por resultar indispensables para el cumplimiento del Plan de
Infraestructura Penitenciaria, aprobado por Resolución del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos N° RESO-2020-831-GDEBA-MJYDHGP; el cual proyecta
su desarrollo principalmente en la zona del AMBA.
Que ninguno de los distintos Poderes del Estado Provincial se encuentra en
condiciones de resolver de forma aislada la perentoria situación que atraviesa
el sistema penitenciario; por ello, las soluciones serán producto de acciones
coordinadas orientadas a revertir estos déficits de manera urgente y eficiente;
como lo es la sanción del presente proyecto de ley.
Por todos estos motivos, solicitamos a los señores legisladores que
acompañen con sus votos afirmativos este proyecto de ley para la declaración
de utilidad pública y expropiación.