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Un enfermero del Policlínico PAMI II de Rosario fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión después de admitir que sustraía medicamentos del hospital para venderlos. El caso atrajo atención pública porque la investigación se desencadenó tras la muerte de uno de sus compradores y puso en evidencia fallas en el control de fármacos de uso exclusivo intrahospitalario.
Cómo se llegó a la acusación
La causa comenzó con la denuncia del padre de la víctima, un hombre de 37 años que falleció el 9 de agosto de 2023 tras consumir distintas sustancias. Entre las pruebas que aportó la familia figuraban mensajes, un video y un audio recuperados del teléfono del fallecido que vinculaban a Luis Emmanuel Benavidez con la provisión de medicamentos como fentanilo y bromuro de vecuronio.
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En los chats, según la fiscalía, el acusado describía al vecuronio como una droga “más fuerte” que el fentanilo y aconsejaba dosis y procedimientos en un audio de 17 segundos. Un video grabado por la pareja de la víctima mostraba una ampolla atribuida a fentanilo en el domicilio, junto a signos de descompensación de la persona fallecida.
Pruebas materiales y allanamientos
Ante la sospecha, Gendarmería Nacional realizó allanamientos el 30 de septiembre de 2025 en la vivienda que el imputado utilizaba en Rosario y en la casa de sus padres en Concepción del Uruguay. En el domicilio rosarino se incautaron ampollas de fentanilo, cajas de bromuro de vecuronio, jeringas y distintos medicamentos de uso hospitalario.
- Elementos secuestrados: cuatro ampollas de fentanilo (5 ml), 99 frascos de bromuro de vecuronio, 98 jeringas hipodérmicas y fármacos como furosemida y metformina.
- Vínculo con el hospital: el cotejo de lotes determinó que parte de esos medicamentos había salido del stock del Policlínico PAMI II.
- En la vivienda familiar: una pistola Bersa calibre .22, un cargador y 51 municiones.
En el lugar donde fue hallada la víctima también se encontró una jeringa y un envase de vecuronio. No obstante, los análisis toxicológicos del Instituto Médico Legal no detectaron de forma concluyente la presencia de bromuro de vecuronio ni de valproato de sodio en sangre, por lo que no se pudo establecer con certeza que las sustancias provistas por Benavidez fueran la causa directa del deceso.
Decisión judicial y sanciones
El enfermero admitió los hechos imputados y, en audiencia, la Fiscalía y la defensa acordaron una pena de cuatro años y seis meses de cumplimiento efectivo. Además, se impuso la inhabilitación especial por igual plazo para ejercer cargos públicos y la profesión de enfermero.
Si bien la investigación penal sobre la venta y sustracción de medicamentos continuó hasta esta condena, la causa por la muerte fue archivada al no poder probarse de manera determinante el nexo entre el fallecimiento y las sustancias encontradas.
Qué implica para la seguridad sanitaria
El episodio plantea preguntas concretas sobre los controles internos en centros de salud y la trazabilidad de fármacos críticos. La salida irregular de ampollas y viales de un servicio dependiente de Farmacia y de la Central de Materiales y Esterilización —donde trabajaba el imputado desde 2016— expone la vulnerabilidad del sistema frente al desvío de medicamentos.
Posibles repercusiones: mayor fiscalización de inventarios, revisión de protocolos de acceso a anestésicos y bloqueadores neuromusculares, y auditorías administrativas en instituciones que atienden afiliados del PAMI.
El fallo deja claro que, aun sin una condena por homicidio, el comercio ilícito de fármacos hospitalarios conlleva responsabilidades penales y administrativas que pueden derivar en prisión y pérdida de la habilitación profesional.
