Un video publicado por la propia víctima en Tapalqué muestra una agresión física dentro del hogar y generó repudio en redes y en organizaciones civiles: la grabación ha encendido el debate sobre la respuesta judicial y la protección de las personas en situación de violencia de género. La urgencia ahora radica en cuánto tardan las instituciones en actuar y qué medidas se aplicarán para resguardar a la mujer agredida.
Las imágenes, difundidas por Agustina R., registran a su esposo propinándole golpes y proferirle insultos reiterados; también registran amenazas y la supresión de contactos en el teléfono de la víctima. El hombre fue identificado como Rodrigo C., según fuentes vinculadas al caso.
La asociación civil rionegrina «Madres que rompen el silencio» se pronunció públicamente tras conocer el material y pidió a la Justicia una intervención inmediata. En su comunicado, la entidad cuestionó la lentitud en los trámites y alertó sobre el riesgo que implica la espera para la seguridad de la victima.
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Desde la organización aseguran poseer documentación audiovisual y fotográfica que respalda la denuncia. Consideran que la falta de respuesta o el retraso en la actuación oficial constituyen, en sí mismas, una forma de violencia institucional al dejar desprotegida a una persona en situación vulnerable.
La petición de la agrupación incluye reclamos concretos dirigidos al Departamento Judicial de Azul; entre otros, solicitan que se agilicen las diligencias y que las autoridades locales prioricen la protección de la mujer.
- Intervención urgente para revisar y acelerar el accionar de fiscalía y policía.
- Medidas de protección y restricción perimetral efectivas para garantizar la integridad fisicopsíquica.
- Trámite prioritario sin demoras burocráticas cuando existen pruebas audiovisuales explícitas.
- Seguimiento comunitario hasta que se restituyan las garantías constitucionales y de seguridad.
Fuentes extraoficiales informaron que el presunto agresor habría abandonado la vivienda. La causa está a cargo del fiscal Marcelo Fernández, titular de la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Azul, según datos disponibles hasta el momento.
El episodio expone dos cuestiones de alcance público: por un lado, la presencia de material probatorio que consolida la denuncia; por otro, la necesidad de protocolos que permitan respuestas más rápidas frente a situaciones de riesgo. Para organizaciones sociales, la demora no solo demora la resolución del caso sino que aumenta la exposición de la víctima.
Si conocés a alguien que atraviese una situación similar, hay asistencia disponible las 24 horas comunicándose al 144 o al 911. La organización que presentó el reclamo adelantó que permanecerá en estado de alerta comunitaria hasta comprobar avances efectivos en la investigación y la adopción de medidas de protección.
