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Un estudio reciente publicado en la revista Obesity revela que, en Estados Unidos, se multiplicó el uso de fármacos GLP-1 entre adultos que no reúnen la indicación aprobada por la FDA. El fenómeno, impulsado por la demanda estética y el poder adquisitivo, plantea dudas sobre seguridad, equidad y la práctica clínica en el corto plazo.
Investigadores universitarios analizaron registros electrónicos de salud y detectaron un aumento sostenido de prescripciones de inyectables como liraglutida, semaglutida y tirzepatida a personas sin diagnóstico documentado de diabetes tipo 2 ni de obesidad con comorbilidades que justificarían su uso.
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Entre casi 92,5 millones de adultos sin una indicación aprobada, algo más de 1,13 millones recibieron una receta de agonistas del receptor GLP-1, lo que representa alrededor del 1,2% del total. Según el análisis temporal, la proporción pasó de 0,11% en 2021 a 1,5% en 2025, es decir, un crecimiento de aproximadamente 13,6 veces en cuatro años.
El perfil demográfico de quienes acceden a estas prescripciones muestra sesgos claros: predominan las mujeres (85,5%) y las personas blancas (60%), con mayor probabilidad de tener seguro privado y vivir en áreas de menor vulnerabilidad social. El índice de masa corporal (IMC) medio fue levemente superior en receptores (25,9 kg/m² frente a 24,5 kg/m²), aunque el 35,1% contaba con un IMC en rango normal.
También surgieron diferencias en comorbilidades: hipertensión y dislipidemia fueron más frecuentes entre los que recibieron los fármacos, mientras que enfermedades cardiovasculares graves como insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria resultaron menos habituales.
- Alcance del fenómeno: 1,13 millones de pacientes sin indicación aprobada recibieron GLP-1.
- Crecimiento: aumento de 0,11% a 1,5% de 2021 a 2025 (≈13,6×).
- Perfil: mayoría mujeres, de raza blanca, con seguro privado y menor vulnerabilidad social.
- IMC: 35% con peso normal; mayor presencia de trastornos de la conducta alimentaria entre receptores.
Prescripción, redes y consumo
Los autores advierten que la práctica de recetar fuera del prospecto se concentra en grupos socioeconómicamente privilegiados, algo que puede agravar desigualdades en acceso a tratamientos y generar tensiones en la atención primaria y especializada.
El fenómeno no ocurre en el vacío: un sondeo global de IPSOS muestra que, en 2025, cuatro de los diez fármacos más vendidos pertenecían a esta nueva generación de tratamientos. Además, la familiaridad pública varía mucho por país: mientras el 74% de los estadounidenses declara haber oído hablar de los GLP-1, en Argentina ese porcentaje baja al 16%.
La consultora resalta que la conversación sobre estos medicamentos ya no depende sólo de la industria o de los médicos: redes sociales, influencers, la telemedicina y comunidades online moldean expectativas y decisiones. Esa difusión, unida al acceso económico, explica en parte por qué crece el uso fuera de indicación.
En términos clínicos, el autor principal del estudio señaló a la prensa que la experiencia pública con estos fármacos es heterogénea: hay relatos positivos y negativos, y la visibilidad del fenómeno alimenta su demanda.
Implicaciones para pacientes y sistema
El aumento de prescripciones fuera de indicación plantea consecuencias concretas: posibles efectos adversos en personas sin necesidad médica comprobada, presión sobre la disponibilidad del medicamento para quienes sí lo requieren, y desafíos regulatorios para controlar usos no avalados por evidencia robusta.
Además, la asociación con seguro privado y menor vulnerabilidad social pone en primer plano un problema de equidad: quienes pueden pagar tienen más probabilidades de acceder a tratamientos aún no plenamente evaluados en poblaciones sanas.
- Riesgo-beneficio incierto en personas sin indicación aprobada.
- Posible impacto en el abastecimiento para pacientes con diabetes u obesidad grave.
- Necesidad de mayor educación pública y comunicación clínica sobre indicaciones y efectos adversos.
Frente a este panorama, los investigadores piden cautela y más estudios que evalúen seguridad y eficacia en grupos fuera de las indicaciones actuales, además de una mayor vigilancia sobre las prácticas de prescripción.
La situación ya no es solo un debate médico: involucra decisiones de salud pública, reguladores, aseguradoras y comunidades digitales. A corto plazo, la discusión gira en torno a quién debe acceder a estos fármacos y bajo qué condiciones; a mediano plazo, la evidencia clínica y las políticas públicas marcarán si este uso masivo se mantiene, se restringe o se regula con mayor rigor.
