Este 3 de junio, miles de personas volvieron a movilizarse en la Plaza del Congreso para conmemorar los 11 años del colectivo Ni Una Menos. La convocatoria ganó nueva urgencia tras los femicidios recientes y la principal demanda fue clara: que el Estado declare una emergencia nacional por violencia de género.
La concentración comenzó antes de las 17 y rápidamente ocupó las escalinatas y avenidas aledañas: banderas violetas, carteles y bombos marcaron la escena. Un largo mantel con decenas de nombres de víctimas fue colocado sobre el pavimento como símbolo de memoria y reclamo.
Organizadoras y familiares de víctimas coincidieron en que la jornada cambió de tono tras el crimen de Agostina, la adolescente cuyo asesinato motivó una ola de indignación pública. Desde la organización señalaron que, en promedio, hoy se registra un femicidio cada 30 horas, cifra que reforzó el pedido por medidas urgentes.
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Cerca del vallado se reunieron parientes que exigieron justicia: Lorena Rivero recordó a su hermana Laura, asesinada en 2019; Lorelei Luna habló del dolor por la pérdida de su sobrina Lara; y Carola Labrador volvió a llevar la imagen de su hija Candela, víctima que conmocionó al país en 2011. Sus intervenciones mezclaron reclamo institucional y memoria personal.
Otra de las demandas públicas provino de familiares que, además de pedir condenas firmes, denunciaron irregularidades: un caso citado por asistentes fue el del agresor que, aun detenido, tiene acceso a redes sociales desde prisión, algo que para los allegados revictimiza a las familias.
En el escenario central se leyó un documento con los ejes de la movilización y desde allí se presentaron mensajes artísticos y testimonios. La cantante invitada destacó que las vidas de las mujeres no pueden ser tratadas como prescindibles y reclamó acciones concretas contra las distintas formas de violencia.
Principales pedidos del documento
- Declarar la emergencia nacional por violencia de género, con presupuesto y lineamientos claros.
- Fortalecer políticas de género en todas las jurisdicciones para prevención, atención y acceso a la justicia.
- Atacar la deuda alimentaria, que la organización considera un elemento de precarización que afecta a la mayoría de los hogares con hijos.
- Garantizar condenas firmes y medidas efectivas para evitar la impunidad y la revictimización.
- Controles sobre el acceso a dispositivos y redes desde centros de detención cuando impliquen daño a las víctimas o sus familias.
La protesta no se limitó a Buenos Aires: hubo movilizaciones simultáneas en Córdoba —encabezada por la familia de Agostina—, Mar del Plata, Bariloche, La Plata, Rosario y otras ciudades, lo que evidenció la envergadura del reclamo a escala nacional.
Más allá de la emoción y las consignas, la jornada volvió a poner en primer plano un desafío político: transformar la visibilidad en medidas sostenibles. Para las organizaciones, eso pasa por mayor presupuesto, protocolos uniformes en todo el país y respuestas judiciales que no tarden años.
La movilización de hoy busca que la sociedad y los poderes públicos comprendan que las estadísticas no son neutras: implican vidas, familias rotas y una urgencia que, según quienes marcharon, exige respuestas inmediatas y concretas.
