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Este martes en San Miguel de Tucumán, taxistas volvieron a llevar su reclamo a la puerta de la Municipalidad para exigir controles más estrictos sobre los vehículos que operan a través de aplicaciones. La movilización reaviva un conflicto que, según los manifestantes, afecta la seguridad de los pasajeros y la competitividad del servicio local.
La protesta estuvo encabezada por la Federación Nacional de Conductores de Taxis en Tucumán. Su secretario general, Julio Rodríguez, informó a LA GACETA que el sector presentó una impugnación administrativa contra el artículo 521 y cuestiona una resolución reciente que regula el registro de conductores asociados a plataformas digitales.
Los taxistas no piden la prohibición de las aplicaciones, sino que reclaman que todas las unidades cumplan la normativa vigente. En su denuncia apuntan a irregularidades en la inscripción de vehículos y a la falta de inspecciones efectivas por parte del municipio.
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Taxistas de Tucumán cortan calles: enfrentamiento con apps y municipio complica la movilidad
La ordenanza que citan —la 5.483— establece requisitos que, según los conductores, no se están aplicando de forma homogénea. Entre las exigencias que mencionan están la antigüedad máxima de los coches, la licencia profesional, el carnet sanitario y el seguro obligatorio.
- Antigüedad de los vehículos: reclamo por unidades que, según los taxistas, exceden el límite permitido.
- Licencia profesional: exigencia de que todos los choferes cuenten con la habilitación correspondiente.
- Carnet de sanidad: control sanitario de conductores para garantizar condiciones de salubridad.
- Seguro contra terceros: cobertura obligatoria para pasajeros y terceros afectados.
Rodríguez afirmó que detectaron automóviles con más de 20 años operando mediante una app y que, incluso desde la misma área municipal encargada de los controles se habría admitido que algunas plataformas permiten inscripciones que quedarían fuera de los límites de la ordenanza.
Reclamo a la Municipalidad
El dirigente sostuvo que el sector ha pedido inspecciones reiteradas y que la demanda apunta a la igualdad de condiciones entre prestadores: “Queremos aplicaciones, pero que funcionen dentro de la ley”, resumió en términos generales su postura.
En semanas previas los taxistas se reunieron con la intendenta Rossana Chahla. Según Rodríguez, la jefa comunal se puso en contacto con representantes de Sutrappa para que se aplicara la normativa, pero —denunció— pasaron más de 40 días sin que se registraran controles visibles.
Durante la concentración, los manifestantes negaron haber actuado con violencia y pidieron disculpas a los vecinos por las molestias en la circulación, al tiempo que responsabilizaron a la Municipalidad por las restricciones al tránsito en la zona.
Qué ocurrió con el corte de calles
La protesta se situó frente al edificio municipal y generó afectaciones en el tránsito en la intersección de 9 de Julio y La Madrid. Rodríguez aclaró que los taxistas no planificaron un corte total: aseguraron que la intención fue estacionar para presentar documentación y hacer el reclamo administrativo, sin bloquear el paso de manera permanente.
Así lo describió: según los organizadores, las condiciones impuestas por el propio municipio para el acceso y la gestión del reclamo terminaron condicionando la circulación en el lugar.
Hasta el cierre de la jornada no hubo difusión oficial de un pronunciamiento municipal respecto a las denuncias concretas sobre la inscripción de vehículos en las plataformas.
Qué puede pasar ahora
El conflicto tiene varias aristas prácticas para los usuarios y para la gestión local. Entre las posibles consecuencias están un incremento de los operativos de control, impugnaciones administrativas que retrasen nuevas habilitaciones y, en caso de comprobarse incumplimientos, sanciones a plataformas o conductores.
- Posible intensificación de inspecciones municipales.
- Trámites administrativos que podrían frenar registros de nuevas unidades.
- Reclamos de pasajeros por la calidad y seguridad del servicio si no se normaliza la situación.
El reclamo de hoy vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de una regulación clara y efectiva entre el sector tradicional y las aplicaciones, un tema con impacto directo en la seguridad de los usuarios y en el mercado laboral local.
