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La Suprema Corte bonaerense lanzó una norma para regular el uso de la Inteligencia Artificial en tribunales, abriendo además una consulta pública que busca fijar límites y salvaguardas. La iniciativa, vigente en plazos concretos, pretende mejorar la gestión judicial sin poner en riesgo derechos ni decisiones clave.
Consulta pública y calendario
La medida, publicada como resolución 1719, establece un proceso participativo para confeccionar un reglamento sobre la utilización de herramientas de IA en el ámbito judicial.
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Entre el 8 de junio y el 8 de julio se habilitó un formulario en el sitio oficial de la Corte para recibir aportes de magistrados, funcionarios, agentes judiciales, colegios profesionales e instituciones académicas.
Una Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial recogerá y procesará las contribuciones y debe entregar un informe consolidado antes del 31 de agosto.
Por qué importa ahora
La tecnología ya es utilizada en tareas puntuales dentro de tribunales —búsqueda de antecedentes, clasificación de expedientes y generación de estadísticas—, por lo que la Corte decidió ordenar su empleo para evitar errores, sesgos o decisiones automáticas sin supervisión humana.
Qué se permite y qué se prohíbe
El documento firmado por los tres ministros del máximo tribunal provincial —Sergio Torres, Hilda Kogan y Daniel Soria— subraya que la IA debe funcionar como apoyo técnico y no como sustituto del juicio humano.
| Uso permitido | Uso restringido o prohibido |
|---|---|
| Gestión documental, clasificación y organización de expedientes. | Automatización total de decisiones jurisdiccionales (admisibilidad, medidas cautelares, fallos de fondo). |
| Programación y asignación de audiencias. | Sistemas que operen sin posibilidad de supervisión humana efectiva. |
| Generación de estadísticas, indicadores de desempeño y análisis de plazos procesales. | Elaboración completa de sentencias sin intervención del juez. |
Magistrados del fuero penal de La Plata consultados para esta nota admiten el uso de plataformas que agilizan la búsqueda de antecedentes y la preparación de argumentos, pero insisten en que ninguna herramienta reemplaza la experiencia, el análisis contextual ni la fundamentación jurídica.
- Transparencia: los operadores deberán declarar cuándo han utilizado IA en su trabajo.
- Protección de datos: se exige custodia rigurosa de la información personal procesada por estas tecnologías.
- Supervisión humana: cualquier resultado generado por IA debe ser revisado y validado por un responsable humano.
Fuentes del tribunal señalan que hasta ahora no se conocen denuncias sobre sentencias enteramente redactadas por sistemas de inteligencia artificial, pero reconocen la conveniencia de contar con reglas claras que eviten riesgos futuros.
La iniciativa plantea una tensión clásica: aprovechar el potencial de la tecnología para eficiencia administrativa y, al mismo tiempo, preservar principios judiciales básicos como la responsabilidad, la motivación de las decisiones y la protección de datos personales.










