Tucumán registró en 2025 una tasa de suicidios de 13,5 casos por cada 100.000 habitantes, una magnitud que supera con claridad el promedio nacional y obliga a una respuesta inmediata. Ese escenario se choca con la paralización de una ley provincial clave: la norma aprobada por unanimidad sigue sin aplicarse, lo que complica la capacidad de atención y prevención en salud mental.
El legislador José Cano advirtió que la demora en la puesta en marcha de la normativa equivale a una falta grave de acción por parte del Estado. Según su diagnóstico, la norma sancionada no se traduce en servicios ni en recursos sobre el terreno, mientras el sistema público de salud muestra signos de saturación y muchas familias no pueden costear una consulta privada.
La norma en cuestión, la Ley Provincial de Salud Mental N° 9.923, incluye medidas concretas para articular atención, pero todavía no cuenta con una reglamentación operativa que permita ejecutar los fondos y desplegar equipos. Esa inacción deja vacíos críticos en la atención primaria y en los programas escolares de prevención.
Suicidios en Tucumán aumentan: Cano pide reglamentar ley de salud mental
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Riesgos que exige intervención urgente
En la mirada de los equipos y en las denuncias públicas, varios factores confluyen en un escenario de riesgo para jóvenes y adolescentes: consumo temprano de sustancias, acoso escolar, ludopatía ligada a las apuestas en línea y la sensación de ausencia de proyectos de futuro. Cano reclama una respuesta humana y territorial, no campañas aisladas desde despachos administrativos.
- Activación del Observatorio: poner en marcha el Observatorio para la Prevención del Suicidio y Conductas de Riesgo para monitoreo y toma de decisiones basada en datos.
- Despliegue de equipos interdisciplinarios: profesionales de salud, educación y trabajo social en escuelas y municipios.
- Ejecución presupuestaria: liberar y aplicar recursos asignados a programas de salud mental.
- Intervenciones preventivas: programas en entornos escolares orientados a detección temprana y acompañamiento familiar.
- Planificación basada en estadísticas: diseñar políticas con indicadores reales de impacto en la provincia.
Una de las piezas centrales de la ley es la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio y Conductas de Riesgo, ideado para centralizar información y coordinar respuestas. A día de hoy, esa estructura no está operativa, lo que, según Cano, resta eficacia a cualquier campaña o política que no se apoye en datos locales y en equipos desplegados.
El contexto nacional tampoco ayuda: las discusiones en torno a reformas de la Ley Nacional de Salud Mental han generado incertidumbre entre profesionales y gestores. Frente a ese panorama, el legislador sostiene que la única salida viable es la acción provincial inmediata: ejecutar el presupuesto, reglamentar la ley y poner a trabajar a los equipos en el territorio.
Si la provincia no avanza en esos pasos, advierten autoridades y operadores locales, las consecuencias serán concretas: más demandas sin respuesta en los servicios públicos, mayor dificultad de acceso por parte de familias con recursos limitados y un riesgo creciente de que las conductas de riesgo entre jóvenes se profundicen. El debate ahora se centra en transformar la norma aprobada en 2024 en políticas efectivas para 2025 y más allá.
