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El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó este viernes el tratamiento judicial del caso que involucra al jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, y advirtió sobre un supuesto trato desigual según la pertenencia política. La polémica suma presión sobre el Gobierno y acelera los pedidos de aclaración y de paso político en el Congreso.
En declaraciones a la prensa durante una recorrida de gestión, Kicillof cuestionó a un sector del Poder Judicial por la forma en que, a su juicio, se examinan las causas según la orientación partidaria de los imputados. Dijo que en su opinión la situación se resolvería de manera distinta si se tratara de un dirigente de otro signo político.
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La controversia no es exclusivamente judicial: desde la oposición incrementaron los pedidos de dimisión de Adorni y sectores del PRO reclamaron al presidente que deje de respaldarlo públicamente. En paralelo, voces del oficialismo impulsan mecanismos parlamentarios para exigir explicaciones.
El conflicto ya dejó una escena en la que la agenda política se entrelaza con la investigación: mientras algunos piden sanciones inmediatas, otros advierten sobre la necesidad de respetar el proceso y obtener pruebas concluyentes.
La fiscalía evalúa ampliar la pesquisa
El fiscal que interviene en la causa, Gerardo Pollicita, analisa la posibilidad de ampliar el objeto de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito tras la presentación de la declaración jurada de Adorni ante la Oficina Anticorrupción. Ese paso podría abrir nuevos períodos de indagación y ordenar medidas complementarias.
Hasta ahora la pesquisa se concentró en movimientos financieros y bienes declarados desde la asunción de Adorni en la función pública. Fuentes judiciales consultadas por medios señalan que el fiscal aún espera documentación reservada que sería clave para decidir si el expediente se amplía.
Para el análisis técnico, Pollicita trabaja con la DAFI —la unidad del Ministerio Público especializada en investigaciones económicas—, que evaluará el origen de los fondos y la consistencia de las explicaciones patrimoniales.
Qué figura en la declaración patrimonial
Adorni presentó la declaración jurada correspondiente a 2025. En ella consignó un patrimonio que, según los registros públicos, ronda los $945 millones. En medios y entrevistas públicas explicó que parte del aumento obedeció a inversiones personales en criptomonedas.
- Inversión en criptomonedas: declaró haber destinado u$s 200.000 a bitcoin, que según su versión llegó a valer u$s 500.000.
- Deudas declaradas: más de $317.000 y casi u$s 188.000.
- Inmuebles: una vivienda en el country Indio Cuá valuada en $156.926.249 y un departamento con cochera en la calle Miró declarado por $255.844.500.
Los datos de acceso público están complementados por las declaraciones de bienes de su cónyuge, que la fiscalía ya revisó parcialmente; la versión completa de algunas planillas sigue bajo reserva y es esperada por los investigadores.
Agenda en el Senado y posibles pasos
El bloque peronista en el Senado anunció su intención de convocar a una sesión única la semana próxima para interpelar y evaluar la remoción de Adorni. La medida busca forzar un debate público sobre las inconsistencias patrimoniales y la responsabilidad política.
Si la fiscalía decide ampliar la investigación, podrían ordenarse nuevas pericias, citaciones y la solicitud explícita de documentación bancaria y financiera. Esas diligencias, en opinión de expertos consultados, marcarán la duración y el alcance del caso.
En definitiva, la causa combina tres frentes: la pesquisa judicial, el escrutinio mediático y la disputa política por cómo se resuelven las responsabilidades públicas. La expectativa ahora está en los documentos reservados y en las decisiones que adopte Pollicita en los próximos días; de ellas dependerá si el conflicto deriva en sanciones administrativas, investigaciones más profundas o en un cierre sin medidas adicionales.
