La Legislatura de Tucumán aprobó hoy prorrogar por dos años la declaración de emergencia en el transporte público, una medida que habilita transferencias millonarias a las empresas del sector en plena suba de combustibles y salarios. La decisión reaviva el debate sobre el uso de fondos públicos para sostener un servicio ampliamente cuestionado por los usuarios.
Con los votos del oficialismo y la firme oposición de varias bancadas, la norma que permite otorgar subsidios a las prestatarias —la ley N° 9.773, cuyo vencimiento estaba previsto para el 31 de mayo de 2026— seguirá vigente. La iniciativa fue defendida por el bloque oficialista como una herramienta necesaria para mantener el sistema operativo.
Tulio Caponio, titular de la comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte, insistió en que la extensión es el mecanismo que el Poder Ejecutivo necesita para transferir recursos provinciales a las empresas de colectivos y garantizar la continuidad del servicio.
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En el último mes, el Gobierno provincial transfirió más de $5.000 millones a la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), mientras que la Municipalidad capitalina volcó cerca de $2.000 millones. El Ejecutivo adujo que las causas que motivaron la emergencia persisten y que la situación se agravó por el encarecimiento del combustible y los aumentos salariales.
Reproches desde la oposición
Los legisladores opositores rechazaron la prórroga argumentando que la medida encubre la falta de soluciones estructurales. Señalaron deficiencias generalizadas en la prestación —con usuarios que, dijeron, quedan “rehenes” de un servicio deficiente— y criticaron la continuidad de subsidios sin exigencias claras de control y mejora.
Eduardo Verón Guerra advirtió que se está naturalizando la renovación periódica de emergencias en lugar de debatir salidas sostenibles; por su parte, Silvia Elías de Pérez planteó la necesidad de proteger puestos de trabajo, pero pidió que los apoyos sean focalizados por empresa.
Otro planteo fuerte vino de Walter Berarducci, quien remarcó la caída cercana al 50% en el uso del transporte desde 2019 y cuestionó que se continúen girando fondos a Aetat, asociación a la que vinculó con denuncias por presuntas irregularidades en la gestión de recursos.
- Duración de la prórroga: 2 años
- Norma afectada: Ley N° 9.773 (vencimiento original: 31/05/2026)
- Recursos recentementes transferidos: Provincia > $5.000 M; Municipalidad ~ $2.000 M
- Causas alegadas: aumento en combustibles y en los costos salariales
- Críticas principales: calidad del servicio, caída de pasajeros, falta de controles
La votación abre varias lecturas: en el corto plazo asegura flujo de fondos para evitar interrupciones del servicio; en el mediano plazo plantea la necesidad de mayor transparencia, controles sobre la rendición de subsidios y un plan que incentive la recuperación de usuarios.
Para los pasajeros, el impacto inmediato es ambivalente: las transferencias reducen el riesgo de cortes, pero no garantizan mejoras en la frecuencia, puntualidad o seguridad del transporte. Desde la perspectiva fiscal, el uso reiterado de partidas extraordinarias vuelve a poner en tensión las cuentas provinciales.
Los próximos pasos apuntan a la ejecución del plan financiero por parte del Ejecutivo y a eventuales pedidos de auditoría y seguimiento por parte de la Legislatura. Hasta que no se definan criterios de control y metas de servicio, el debate sobre si los subsidios deben ser generales o aplicados caso por caso seguirá en el centro de la agenda pública.
