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Los últimos escándalos vinculados al jefe de Gabinete, al caso $LIBRA y a los créditos hipotecarios del Banco Nación destinados a funcionarios erosionan una pieza clave para cualquier ajuste duro: la sensación de que todos están poniendo el hombro. Hoy esa percepción es vital porque condiciona la aceptación social de medidas económicas que ya resultan dolorosas y determinan si la recuperación será posible o no.
En 2023, cuando la campaña presidencial entró en su tramo final, amplios sectores del poder económico local e inversores internacionales se inclinaron por Sergio Massa por considerarlo un factor de estabilidad frente a Javier Milei. Esa preferencia respondía, en buena medida, a dudas sobre la experiencia pública y la cohesión parlamentaria del entonces candidato libertario.
Sin embargo, yo sostuve entonces que la apuesta a la gobernabilidad no bastaba: cualquier gobierno que pida sacrificios necesita además ofrecer gestos simbólicos para que la ciudadanía crea que el esfuerzo será recompensado con una sociedad más justa y funcional. Los polémicos casos recientes minan precisamente esa capacidad de enviar señales creíbles.
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Por qué importan estos episodios
Los escándalos públicos dañan dos canales esenciales para la recuperación: la credibilidad y la expectativa de continuidad del nuevo rumbo económico. En términos prácticos, eso se traduce en menos inversión, menos crédito disponible y menor disposición de la población a tolerar ajustes que impactan en empleo y poder adquisitivo.
En un país que simultáneamente está implementando transformaciones profundas, la pérdida de confianza puede convertir una transición viable en un proceso mucho más largo y costoso.
Impactos concretos:
- Inversión: los proyectos de largo plazo se postergan por la incertidumbre política y reputacional.
- Crédito: la oferta financiera se retrae cuando suben las tasas y se elevan los riesgos de impago.
- Expectativas: sin señales claras de que se ataca a los privilegios, la sociedad percibe que los sacrificios no son compartidos.
Una reforma práctica: office de cumplimiento estatal
Una medida que podría ayudar a mejorar la transparencia es la creación de una unidad autónoma de cumplimiento dentro del Estado. Algo semejante existe en muchas empresas: programas de compliance que aclaran qué conductas están prohibidas, cómo declarar conflictos de interés y cuándo escalar casos para investigación.
En el sector público esa estructura tendría varias ventajas. Obligar a funcionarios a completar cursos obligatorios al ingresar, definir incompatibilidades y dejar trazabilidad de decisiones haría más sencillo detectar irregularidades y judicializarlas. También reduciría la posibilidad de que los responsables aleguen ignorancia como defensa.
Beneficios esperables de una oficina de cumplimiento:
- Mayor claridad sobre límites éticos y legales en la gestión pública.
- Procesos internos que faciliten investigaciones rápidas y transparentes.
- Señales públicas de que el Gobierno toma en serio la lucha contra el favoritismo y el reparto de beneficios.
Implementada con independencia real, esa oficina sería una herramienta práctica para restablecer parte de la confianza perdida por los últimos episodios.
Dos transiciones simultáneas y sus costos
El Gobierno no enfrenta un solo desafío: hay dos grandes cambios en marcha. El primero es la transformación del modelo económico, desde una economía cerrada y regulada hacia una más abierta y competitiva. Esa reforma provoca inevitablemente destrucción creativa: ciertos sectores intensivos en mano de obra, como parte de la manufactura, se contraen mientras otros emergen.
El segundo proceso es la estabilización de precios, con el objetivo de llevar la inflación de niveles muy altos a cifras de un dígito. Los primeros pasos en ese camino suelen implicar tasas elevadas, volatilidad financiera y una caída temporal de la actividad.
En la práctica, la Argentina transitó una etapa inicial de ancla cambiaria que redujo la inflación con rapidez relativa, pero generó apreciación del peso y desequilibrios en la cuenta corriente. Entre abril de 2024 y marzo de 2025 se aplicaron ajustes fiscales importantes, y a principios de 2025 el Gobierno modificó su estrategia de estabilización, pasando a un esquema más centrado en la cantidad de dinero.
El resultado visible: tasas de interés muy altas y fluctuantes, crédito en retracción, deterioro en el empleo y una recuperación desigual entre sectores. El shock en el precio de la carne y el comportamiento alcista de tarifas reguladas tras las elecciones sumaron presiones que frenaron el descenso de la inflación.
Esta combinación de cambios estructurales, choques de oferta y problemas de gobernanza política crea múltiples posibles equilibrios: uno virtuoso, si las expectativas se alinean, o uno adverso, si domina la desconfianza. En ese terreno, las señales simbólicas —gestos de coherencia y justicia— pueden inclinar la balanza.
Qué debería esperarse y qué puede hacerse
La experiencia internacional sugiere que la fase más dura de la desinflación no es eterna; con el tiempo y si se corrigen los desajustes regulatorios y se reducen los choques puntuales, la inflación puede retomar su senda descendente y permitir tasas más bajas que reactiven la economía.
No obstante, en un contexto de reservas reducidas, acceso limitado al financiamiento externo y una oposición fragmentada, la recuperación no está asegurada. Por eso es clave combinar la política macroeconómica con medidas institucionales que fortalezcan la credibilidad.
- Restaurar confianza: actuar con transparencia en todos los casos y sancionar faltas probadas.
- Crear mecanismos de control preventivo como la oficina de cumplimiento.
- Comunicar con claridad la hoja de ruta económica y los plazos esperados para alivios tangibles.
En definitiva, sin avances institucionales que demuestren que los sacrificios son compartidos, el margen político para completar las reformas se reduce. Las medidas técnicas son necesarias, pero no suficientes: las señales públicas y la gestión de la confianza resultan igual de decisivas para que la economía deje de transitar un período de tanta fragilidad.
