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La discusión sobre una nueva declaración de emergencia hídrica en Tucumán vuelve a instalarse tras las últimas inundaciones, pero ya no se discute solo la urgencia climática: un legislador opositor reclama transparencia sobre el uso de fondos y pone en duda la eficacia de una figura legal vigente desde 2007. La pregunta que plantea ahora la ciudadanía es directa: ¿sirven las prórrogas legales o solo facilitan el gasto sin controles?
La réplica del bloque opositor
En una entrevista con LG Play, el legislador Claudio Viña calificó la iniciativa del oficialismo como una «puesta en escena» y sostuvo que la provincia lleva años bajo un régimen excepcional que no resolvió los problemas de fondo. Según su relato, la medida original data de febrero de 2007 y ha sido prorrogada reiteradamente, manteniendo su vigencia hasta diciembre de 2026.
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Para Viña, la multiplicación de decretos y prorrogas no se traduce en obras concretas ni en prevención: «Nos seguimos inundando», dijo, al tiempo que criticó que se recurra a las normas de emergencia para flexibilizar procedimientos administrativos.
Reclamos por los recursos recibidos
El núcleo de la denuncia apunta a la administración de recursos. En diciembre la provincia recibió Aportes del Tesoro Nacional por un monto que, según el legislador, ascendió a 20.000 millones de pesos destinados a mitigar riesgos hídricos.
Viña puso en duda que esos fondos hayan llegado a las soluciones esperadas: aseguró que muchos vecinos siguen con sus viviendas afectadas y sostuvo que, en la práctica, los recursos «no se aplicaron donde correspondía».
Frente a esta situación propuso medidas concretas de fiscalización: solicitar la presencia del ministro de Obras Públicas y del ministro de Economía en la Legislatura para que expliquen el destino de los recursos y las obras ejecutadas en los últimos años.
- Crítica principal: la emergencia vigente no produjo obras preventivas suficientes.
- Fondo cuestionado: 20.000 millones de pesos de ATN recibidos en diciembre.
- Petición vector: auditar y exigir explicaciones a los ministros responsables.
- Acusación legal: posible incumplimiento de deberes por falta de ejecución.
Viña sostuvo que la utilización de las leyes excepcionales se ha orientado, en la práctica, a «liberar el gasto» y evitar los mecanismos de licitación pública y control que garantizan transparencia.
No todas las iniciativas del oficialismo cuentan con respaldo: desde la bancada de Viña en la Comisión de Hacienda ya presentaron un dictamen en minoría rechazando el proyecto. Sin embargo, el legislador admitió que imponer ese criterio será complejo debido a la mayoría numérica del gobierno en la Cámara.
La controversia suma urgencia porque, más allá del debate político, detrás de las críticas hay consecuencias inmediatas para vecinos que siguen viviendo en zonas inundables. La discusión que se abre en la Legislatura no es solo normativa: define si habrá control real sobre cómo se gastan los recursos destinados a prevenir la próxima inundación.
