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Este miércoles a las 10, la Cámara de Diputados abrirá el debate en comisión sobre la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa que podría cambiar quién controla y autoriza el uso de esos territorios y que, en la práctica, influye en la posibilidad de que proyectos mineros accedan al Régimen Impositivo de Grandes Inversiones (RIGI). La discusión arranca con una fase de audiencias públicas que pretende incorporar la voz de la sociedad civil antes de que la norma avance al recinto.
El encuentro será un plenario entre las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, convocado para establecer un cronograma de trabajo. Fuentes parlamentarias indican que la intención es abrir un calendario de exposiciones y consultas técnicas antes de emitir dictamen.
En lo político, el oficialismo y sus aliados intentan consolidar apoyos. Hay expectativas de respaldo desde sectores del peronismo cuyas bancas representan provincias con actividad minera; al menos cinco diputados provinciales con perfil minero podrían respaldar la reforma, ya sea en comisión o en la votación en el recinto.
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Qué incorpora la reforma y por qué importa
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Senado el 26 de febrero por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, introduce cambios que modifican la gestión sobre áreas glaciares y aledañas. Entre los principales ejes se destacan:
- Definición y clasificación: el proyecto precisa los conceptos de glaciar y de ambiente periglacial y establece criterios técnicos para su identificación.
- Transferencia de competencias: propone que las provincias sean responsables del uso y del seguimiento de esos lugares, delegando parte del control que hasta ahora ejercía el Estado nacional.
- Registro técnico: las jurisdicciones provinciales deben inscribir las áreas en el Inventario Nacional de Glaciares a partir de estudios científico-técnicos.
- Revisión y retiro: el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) podrá excluir del inventario aquellas zonas que, tras las evaluaciones, no acrediten funciones hídricas relevantes.
En la práctica, ese esquema supone que el manejo local gane peso frente a la regulación central. Para proyectos mineros, el cambio representa una oportunidad para acelerar permisos en provincias interesadas en promover inversiones, mientras que para defensores del ambiente implica un riesgo si se percibe una merma en las garantías de protección nacional.
Lo que sigue en el calendario
La primera jornada de trabajo definirá plazos y el formato de las audiencias. Tras las consultas públicas y el intercambio en comisión, el paso natural es la elaboración de un dictamen y, finalmente, el debate en el recinto. No hay plazos cerrados pero la decisión del Senado y la presión política por avanzar hacen prever que el proceso será seguido de cerca en las próximas semanas.
Para lectores de provincias con actividad minera, el cambio puede traducirse en modificaciones concretas en la tramitación de permisos y en el control sobre recursos hídricos. Para organizaciones ambientales y comunidades locales, la clave estará en el alcance y la rigurosidad de las evaluaciones técnico-científicas que se exijan antes de cualquier inscripción o desregistro en el inventario.
En medio del trámite, las audiencias públicas serán el principal espacio para confrontar posiciones: desde argumentos técnicos sobre la función hídrica de ciertas áreas hasta criterios de conservación y desarrollo económico. Ese diálogo definiría no solo la letra final de la norma, sino también la legitimidad política del cambio.
