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La Policía de San Juan intervino esta semana en 11 celebraciones vinculadas al UPD, con cerca de 700 personas involucradas, entre estudiantes del último año y familiares. La acción preventiva responde a riesgos concretos: eventos sin habilitación, presencia de alcohol y aglomeraciones que ponen en duda la seguridad de menores justo antes del inicio del ciclo lectivo.
Los operativos estuvieron a cargo de la sección de Leyes Especiales y se concentraron en distintos departamentos de la provincia tras alertas por convocatorias masivas en la madrugada previa al comienzo de clases. El objetivo oficial fue verificar condiciones de habilitación, controlar la venta de entradas no autorizada y asegurar la protección de los menores presentes.
Qué se detectó en el terreno
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La fiscalización arrojó varias incidencias reiteradas: en dos fiestas se registró cobro de entrada, en numerosas reuniones se constató la existencia de alcohol (frecuentemente guardado en hieleras) y en varios inmuebles la capacidad superaba lo permitido. En uno de los principales focos, el sector conocido como Médano de Oro, la intervención derivó en disturbios tras la clausura de la propiedad.
Según fuentes policiales, los operativos incluyeron identificación de responsables y notificaciones a los propietarios. Los menores fueron entregados a sus progenitores mediante actas, mientras que las clausuras se aplicaron sobre todo por exceso de ocupación y la falta de habilitaciones —en particular las que exigen los cuerpos de Bomberos— en inmuebles particulares no aptos para eventos multitudinarios.
- Intervenciones totales: 11
- Personas aproximadas: 700
- Principal concentración: Médano de Oro — dos quintas con ~450 asistentes
- Otras localidades: Pocito (2), Albardón (1), Capital (2), Rawson (2)
- Escuelas involucradas: alumnos de unas 15 instituciones participaron en la organización
- Motivos de clausura: exceso de ocupación, falta de habilitación y riesgos contra la seguridad
UPD: tradición en tensión con la seguridad
El UPD —Último Primer Día— es una celebración nocturna organizada por quienes arrancan el último año del secundario. Si bien nació como un gesto simbólico de cierre y comienza del ciclo, en los últimos años se ha transformado en actos de mayor escala que, en ocasiones, requieren logística que supera el ámbito estudiantil.
La concentración de alumnos de varios colegios en un mismo encuentro complica los controles y eleva el potencial de incidentes. Por eso, las autoridades insisten en la necesidad de eventos habilitados y controles que garanticen condiciones mínimas de seguridad.
“Se identificaron responsables y se actuó para resguardar la integridad de los menores”, explicó el jefe de la sección especializada, quien además detalló que las inspecciones incluyeron la verificación de permisos y la notificación a los propietarios de los inmuebles.
Clausuras, perspectivas y próximos pasos
Las medidas de clausura aplicadas respondieron en la mayoría de los casos a la imposibilidad de garantizar seguridad contra incendios y de mantener la ocupación adecuada del espacio. Las fuerzas advirtieron que seguirán con la planificación preventiva durante los próximos días ante la posibilidad de celebraciones postergadas por los estudiantes en años anteriores.
La continuidad de los operativos busca desalentar la organización de fiestas sin control y ofrecer una salida regulada para las celebraciones estudiantiles. Las autoridades recomiendan a padres y organizadores evitar inmuebles no habilitados y coordinar actividades con las áreas municipales competentes.
En definitiva, el despliegue policial subraya el cruce entre una costumbre estudiantil y la responsabilidad institucional por la seguridad de menores: el reto ahora es conciliar ambas cosas sin que la alternativa sea la clandestinidad o el riesgo sanitario y estructural.
