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La Justicia confirmó el cierre definitivo de varias plantas lácteas administradas por la compañía venezolana Maralac S.A., un hecho que deja sin trabajo a cerca de 520 empleados y provoca la salida del mercado de marcas históricas vinculadas a SanCor. La decisión, adoptada tras procesos concursales abiertos en 2024 y fallos de noviembre de 2025, tiene efectos inmediatos sobre trabajadores, proveedores y la oferta de productos refrigerados en supermercados.
Qué determinó el fallo
El juez Federico Güerri, del Juzgado Comercial Nº 29, resolvió la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA) y confirmó el cese de actividades en las plantas de Lincoln (Provincia de Buenos Aires) y Monte Cristo (Córdoba). La magistratura dispuso la liquidación total de la sociedad, la inhibición de bienes y el embargo de fondos vinculado al expediente.
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Según el fallo, no se presentó ningún oferente en el registro habilitado para intentar salvar la concursada, por lo que el proceso preventivo iniciado en abril de 2024 no pudo transformarse en una reestructuración con continuidad operativa.
- Plantas afectadas: Lincoln (BA) y Monte Cristo (Córdoba).
- Empleo perdido: aproximadamente 180 trabajadores en Buenos Aires, 200 en Monte Cristo y otros 140 en la planta de Suipacha, totalizando cerca de 520 puestos.
- Marcas impactadas: productos elaborados bajo licencia de SanCor, incluidos yogures y postres reconocidos en el mercado.
- Medidas bancarias: instrucción judicial para que el Banco Central informe a las entidades financieras, cierre cuentas y transfiera saldos a una cuenta judicial en el Banco de la Ciudad.
Impacto sobre trabajadores y productos
El cierre pone fin a líneas de producción de yogures, flanes y postres refrigerados que formaban parte de la oferta cotidiana en tiendas y supermercados. Para las comunidades donde operaban las plantas, la pérdida de empleo y de órdenes de compra afecta a proveedores locales y al movimiento económico de cada localidad.
En Suipacha, la planta conocida como La Suipachense —con alrededor de 70 años de historia— ya había vivido episodios de conflicto laboral: los empleados llegaron a ocupar el predio en reclamo de sueldos y aguinaldos atrasados. La producción del conjunto de empresas cayó en los últimos años: pasó de procesar cerca de 250.000 litros diarios a funcionar, en su momento final, muy por debajo de esa capacidad hasta quedar paralizada.
Antecedentes y responsables
La sociedad que explotaba la división de refrigerados fue creada en 2016 para adquirir esa unidad de SanCor, en una operación vinculada a un holding del Grupo Vicentin por un monto cercano a los 100 millones de dólares. Hace unos tres años la gestión operativa pasó a manos de Maralac S.A., un grupo vinculado a los hermanos Manuel y Alfredo Fernández.
Paralelamente, el juez Leandro Julio Enríquez, del Juzgado Civil y Comercial Nº 7 de Mercedes, ordenó la apertura de la etapa de liquidación de Lácteos Conosur S.A., empresa controlante relacionada con La Suipachense, y dictó la inhibición general de bienes de la sociedad y del empresario señalado como administrador.
Qué sigue ahora
Con las plantas cerradas y las causas en etapa de liquidación, el siguiente paso formal será la venta ordenada de activos para pagar a los acreedores según el ordenamiento legal. La intervención incluye la congelación y transferencia de saldos bancarios a una cuenta judicial, en tanto las autoridades judiciales controlan el proceso.
Para empleados y proveedores la expectativa inmediata es el cobro de créditos laborales y comerciales reconocidos en el expediente; para los consumidores, la desaparición de productos emblemáticos implicará ajustes en góndolas y posibles cambios en la oferta regional de lácteos.
Las decisiones judiciales que culminaron en estos cierres subrayan la fragilidad de la cadena productiva cuando no aparecen inversores dispuestos a sostener plantas con altos costos de operación y pasivos acumulados. En los próximos meses será clave seguir el avance de las liquidaciones y las alternativas que, eventualmente, puedan surgir para reactivar parte de la capacidad industrial afectada.
