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Branka Motors ofreció $420.000.000 para indemnizar a los 287 clientes que denuncian no haber recibido las motocicletas pagadas; la propuesta, presentada ante el fiscal Guillermo Heredia, podría frenar el avance de la investigación penal si la aceptan la fiscalía y los querellantes. Hoy, la decisión no solo define la reparación económica sino también si la causa seguirá su curso judicial.
La oferta fue formalizada por la defensa de los hermanos Alexis y Jonathan Marco y de Facundo Banega, quienes están señalados como responsables de la firma. El expediente está en manos de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas y ahora deberá evaluarse tanto desde la perspectiva penal como por los representantes legales de los denunciantes.
| Concepto | Detalle |
|---|---|
| Monto ofrecido | $420.000.000 |
| Denunciantes | 287 personas |
| Fiscal a cargo | Guillermo Heredia (UFI Delitos Informáticos y Estafas) |
| Sanción administrativa previa | Multa de cerca de $2.900.000.000 por la Dirección de Defensa al Consumidor |
| Lugares allanados | Local de Branka Motors y EMMEBE |
Cómo se originó el conflicto
El caso tomó estado público a mediados de enero de 2026. El 16 de ese mes, la detención de un comprador que intentó retirar una moto —mostrando un contrato de compra-venta— encendió las alertas. Esa causa quedó catalogada como intento de hurto y terminó con una probation, pero puso en evidencia un reclamo masivo: clientes que aseguran haber pagado y no haber recibido los rodados.
Tres días después, el 19 de enero, se produjo una protesta frente al local de la empresa en la esquina de avenida Rioja y 25 de Mayo. Decenas de personas reclamaron la entrega o la devolución del dinero; hubo incidentes, intervenciones policiales y un aumento de denuncias que derivaron en la investigación por estafa y delitos informáticos.
Los contratos como prueba central
Entre la documentación aportada por los querellantes figuran contratos en los que se prometía la entrega de la motocicleta en hasta 20 días hábiles desde la confirmación del pago, con alternativa de suministro de un modelo equivalente o devolución si no había stock. Esos compromisos son ahora un eje probatorio clave.
Los denunciantes sostienen que las cláusulas generaron confianza y, a su juicio, no se cumplieron. Otro elemento que preocupa a los investigadores es que muchos contratos fueron firmados por la “administración” de la empresa sin identificar a responsables físicos, circunstancia que podría indicar una organización deliberada detrás de las operaciones.
Estado del proceso y elementos aún pendientes
La causa reúne 287 denuncias y ya hubo allanamientos en los locales vinculados a la firma. Los tres señalados siguen bajo investigación mientras la fiscalía y las partes analizan la propuesta de reparación.
Hasta ahora no se difundieron las condiciones de pago ni los plazos. Esos detalles serán determinantes para que los damnificados acepten o rechacen la oferta: recibir una compensación parcial o fraccionada puede no cerrar todas las vías de reclamo para quienes buscan, además, responsabilidad penal.
- Lo que deben evaluar las víctimas: suficiencia del monto, plazos y garantías de pago.
- Lo que decidirá la fiscalía: si el acuerdo cumple requisitos para suspender o archivar la causa penal.
- Posible consecuencia pública: la aceptación podría contener el conflicto, pero también generar críticas si se considera que la reparación no alcanza para responsabilizar a los presuntos responsables.
Desde una perspectiva más amplia, la resolución de este caso tendrá impacto en cómo se tratan futuras denuncias de venta de bienes no entregados: plantea tensiones entre la reparación económica inmediata y la necesidad de sancionar conductas que, según la acusación, podrían haber sido sistemáticas. Para los afectados, la cuestión práctica es sencilla y urgente: ¿la oferta alcanza para recuperar lo perdido o conviene mantener el reclamo dentro del proceso penal?
La decisión final depende ahora de la fiscalía y de la voluntad de los querellantes. En las próximas semanas se conocerá si el acuerdo económico logra poner fin a la causa o si, por el contrario, el expediente seguirá su camino judicial para dilucidar responsabilidades.
