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La Legislatura programó para el próximo martes a las 9 la primera sesión de 2026 en la que se discutirán dos decretos de necesidad y urgencia del gobernador Osvaldo Jaldo que afectan la gestión de personal y las condiciones para contratar con el Estado. Estas medidas pueden alterar el ritmo de las obras públicas y la participación de empresas provinciales en licitaciones durante el resto del año.
La convocatoria fue confirmada por la comisión de Labor Parlamentaria, encabezada por el vicegobernador Miguel Acevedo, tras su reunión de agenda. Ambos DNU llegaron al recinto a fines de diciembre y a principios de enero y ahora esperan ser ratificados por los legisladores.
Qué proponen los decretos
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- DNU 11/3 (MEyP) — Ingresó el 29 de diciembre y establece restricciones para nombramientos y designaciones en el Poder Ejecutivo por un plazo de dos años, con excepciones puntuales. Además, se plantea invitar a otros poderes del Estado y a los municipios a adherir a la norma.
- DNU 1/3 (MEyP) — Remitido el 8 de enero, exempta hasta el 31 de diciembre de 2026 la exigencia del certificado de cumplimiento fiscal para las empresas proveedoras de bienes y servicios que participan en contrataciones públicas provinciales.
Según Acevedo, el segundo decreto no es una novedad absoluta: ya se aplicó durante 2024 y 2025, por lo que su extensión busca dar continuidad a un mecanismo ya probado. El vicegobernador confió en que ambas iniciativas obtendrán la ratificación porque, en su opinión, facilitan la ejecución de proyectos en la provincia.
“La intención es impulsar la concreción de obras —tanto las que están paralizadas como las nuevas— sin que las limitaciones formales impidan el avance”, dijo Acevedo a la prensa luego de la Labor Parlamentaria.
Contexto económico y alcance político
En la reunión posterior, el presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Gallia, vinculó el DNU que restringe incorporaciones con el deterioro de la actividad económica y la merma en la recaudación. Para Gallia, la medida pretende contener el gasto público y enviar una señal de ajuste desde el propio Estado.
Respecto a la exención del certificado fiscal, Gallia señaló que la norma responde a la realidad de muchas empresas que mantienen deudas y, por esa razón, quedan al margen de los procesos de contratación. Aclaró, no obstante, que la excepción no impide que el Estado reclame esas obligaciones por vía administrativa o judicial.
La discusión parlamentaria pondrá en juego varios intereses: la administración provincial busca ordenar sus cuentas y acelerar obras, mientras que cámaras empresarias y municipios observarán el impacto sobre la competencia en licitaciones y la transparencia en contrataciones.
Lo que cambia para contratistas y empleados públicos
- Contratistas: podrán competir en licitaciones provinciales sin presentar el certificado fiscal hasta el 31/12/2026, lo que podría aumentar la oferta en procesos de contratación pública.
- Personal estatal: la limitación de nombramientos pretende contener el gasto en sueldos durante dos años, aunque incluye disposiciones para excepciones según necesidad operativa.
- Municipios y otros poderes: están invitados a adoptar reglas similares, lo que podría homogeneizar restricciones a escala local.
Los legisladores discutirán hoy no solo la letra de los decretos, sino también sus consecuencias prácticas: plazos, excepciones y controles para evitar que la exención del certificado fiscal genere privilegios indebidos. La sesión de la próxima semana será, en ese sentido, un termómetro para medir el apoyo político a las medidas del Ejecutivo.
Si se ratifican, las normas empezarán a regir con fuerza de ley y marcarán el ritmo administrativo y contractual de Tucumán durante 2026, con efecto directo sobre la ejecución de obras y la capacidad de empresas locales para acceder a contratos públicos.
