El gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó esta semana un nuevo cuadro tarifario para establecimientos privados que reciben aporte estatal, con un aumento total del 6% para el último bimestre del año. La medida impacta directamente a cerca de 1,3 millones de alumnos y pone en tensión las cuentas tanto de las familias como de las escuelas de gestión privada.
El incremento se implementará en dos tramos: un primer ajuste del 3% que comienza a aplicarse en los primeros días del próximo mes y una segunda suba del 3% al mes siguiente. Los valores máximos autorizados varían según el nivel educativo y el porcentaje de aporte estatal que reciba cada institución.
| Nivel | Aporte 100% | Aporte 80% | Aporte 40% |
|---|---|---|---|
| Inicial / Primaria | $39.210 | $72.360 | $177.340 |
| Secundaria | $43.200 | $81.900 | $230.000 |
Tras la firma del acuerdo paritario entre la provincia y los gremios docentes, que prevé incrementos escalonados para noviembre y diciembre, la Dirección General de Escuelas actualizó los topes de cobro de los colegios con aporte estatal para homologar parte de esos costos salariales.
Sin embargo, desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Argentina (AIEPA) advierten que el mecanismo genera dificultades financieras persistentes. Martín Zurita, secretario ejecutivo de la entidad, explicó que las autorizaciones llegan con demora y obligan a las escuelas a afrontar aumentos salariales con recursos propios mientras esperan que el Estado permita trasladarlos a las cuotas.
La entidad estima que esos desfases representan aproximadamente el 25% del ingreso mensual promedio de una cuota, una pérdida que las instituciones no pueden recuperar por vía retroactiva: la normativa no habilita cobros retroactivos para compensar diferencias acumuladas.
Los colegios señalan además que la falta de previsión para el verano agrava la situación. Durante enero y febrero de 2027 deberán cubrir obligaciones salariales sin recibir, en muchos casos, los ingresos habituales por cuotas, y no está claro qué topes se autorizarán si se producen nuevas revisiones salariales en esos meses.
- Riesgo operativo: las guardas de liquidez de establecimientos pequeños pueden resultar insuficientes ante anticipos salariales.
- Impacto en familias: los montos máximos autorizados fijan techos; pero 500 colegios con aranceles libres pueden cobrar sumas mucho mayores.
- Desigualdad entre centros: colegios exclusivos o bilingües mantienen matrículas muy superiores (en algunos casos por encima de $2.000.000), fuera del régimen de topes.
En la provincia funcionan cerca de 5.500 centros de enseñanza de gestión privada; aquellos que reciben algún tipo de subsidio deben ajustarse a las resoluciones oficiales y no pueden superar los límites fijados por la Dirección General de Escuelas. Para los 500 institutos con arancel libre, en cambio, los valores son fijados de manera independiente por cada establecimiento.
Las autoridades provinciales sostienen que las actualizaciones buscan acompañar la suba salarial acordada en paritarias, mientras que las asociaciones del sector reclaman mayor anticipación y mecanismos que eviten que las instituciones adelante —con fondos propios— los aumentos que después no pueden recuperar. El debate sobre cómo financiar la educación privada con aporte estatal vuelve a tomar relevancia justo antes del receso veraniego, cuando la liquidez de los colegios suele estar más ajustada.
