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La muerte de una joven de 23 años durante una inmersión en Puerto Madryn desencadenó una causa penal que ahora investiga si el instructor a cargo incumplió normas de seguridad. La Fiscalía imputó al guía por homicidio culposo y la investigación preparatoria buscará establecer responsabilidades en un caso que pone en tensión la seguridad del buceo recreativo.
El hecho ocurrió el 16 de febrero, cuando un grupo de buceo liderado por un instructor descendió al área del antiguo buque Hu Shun Yu para una práctica en aguas profundas. Dos días después la Prefectura Naval localizó el cuerpo de la joven a unos 20 metros de profundidad.
Qué determinó la autopsia y la Fiscalía
El informe forense determinó que la causa de la muerte fue asfixia por sumersión, sin indicios de intervención de terceras personas. Aun así, la Fiscalía de Chubut sostiene que debe investigarse si hubo una actuación negligente del guía.
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Según el expediente, al iniciar la inmersión las condiciones de visibilidad eran muy reducidas, lo que dificultó la supervisión directa del conjunto de buceadores. En el fondo marino la víctima y su pareja quedaron fuera del alcance visual del instructor, momento en el que la joven comenzó a mostrar malestar, se retiró el regulador y perdió el suministro de aire durante el intento de asistencia de su compañero.
La imputación y el proceso
La jueza penal Marcela Pérez Bogado ordenó la apertura formal de la investigación. El Ministerio Público Fiscal imputó al instructor, identificado como Thiago Nahuel Pocovi, por el delito de homicidio culposo, previsto en el artículo 84 del Código Penal.
En una audiencia celebrada recientemente participaron el fiscal jefe Alex Williams, el funcionario de Fiscalía Gastón Alcucero y el defensor del imputado, Adrián Peroy. Pocovi asistió de forma virtual desde la Ciudad de Buenos Aires y optó por no declarar; la defensa no se opuso a que se inicie la etapa de investigación preparatoria.
- Fecha del hecho: 16 de febrero.
- Ubicación: Parque subacuático del ex buque Hu Shun Yu, Puerto Madryn.
- Víctima: Sofía Devries, 23 años.
- Instructor imputado: Thiago N. Pocovi (26), instructor certificado por PADI.
- Causa de muerte: asfixia por sumersión (autopsia).
- Profundidad del hallazgo: ~20 metros.
- Calificación provisoria: homicidio culposo (art. 84).
- Siguiente etapa: producción y recolección de pruebas en la investigación preparatoria.
La imputación sostiene que la conducta del instructor fue “contraria a los protocolos y normas de seguridad” aplicables a la actividad. Si la causa llega a juicio y prospera la acusación, la pena prevista para el delito es de 6 meses a 5 años de prisión y puede incluir inhabilitación especial por varios años.
Repercusiones para el sector y próximos pasos
El caso subraya la importancia de la supervisión en inmersiones grupales y la aplicación estricta de protocolos cuando la visibilidad es limitada. Para el turismo de aventura y las escuelas de buceo, una resolución judicial en este expediente podría tener efectos sobre controles, seguros y exigencias de certificación.
Durante la etapa de investigación preparatoria la Fiscalía reunirá pruebas técnicas —entre ellas registros de la inmersión, declaraciones de testigos y peritajes— para definir si corresponde elevar la causa a juicio oral. No hay aún sentencia ni culpabilidad probada; la fase actual tiene por objetivo esclarecer la secuencia de hechos y la posible responsabilidad profesional del guía.
Quién era Sofía
Sofía vivía en Moreno, en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Estudió Comunicación Social y Relaciones Públicas en la UADE y cursaba Administración de Empresas en la UTN. Amante de la literatura, había publicado un libro de relatos titulado Cuentos para mentes rebuscadas y compartía en redes fotos de viajes y de sus comienzos en el buceo.
Se desempeñaba en el área de comunicación de una empresa vinculada a fertilizantes orgánicos, empresa que integraba su círculo cercano. Amigos y familiares la recuerdan por su interés en la lectura y por su reciente entusiasmo por la actividad subacuática.
El proceso continuará en manos de la Fiscalía, que deberá aportar elementos para sostener la acusación o, en su defecto, cerrar la causa si las evidencias no permiten atribuir responsabilidad penal. Para las familias y para los operadores turísticos, la expectativa ahora está puesta en los peritajes y en cómo las normas de seguridad serán evaluadas por la Justicia.
