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El gobierno de Tucumán anuló esta semana tres procesos de expropiación vinculados a proyectos de logística, energía y vivienda al argumentar la ausencia de financiamiento federal. La decisión, que se formalizó mediante decretos oficiales, deja en suspenso obras que iban desde un “puerto seco” estratégico hasta una estación transformadora y un barrio de 650 casas, con efectos directos sobre conectividad, suministro eléctrico y oferta habitacional.
Los decretos autorizan a la Fiscalía de Estado a desistir de los litigios y a gestionar la recuperación de los depósitos realizados, una vez cubiertos los gastos judiciales. Las actuaciones contaron con la intervención de los ministerios de Obras Públicas e Infraestructura y de Economía y Producción.
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La suspensión ocurre en un contexto de estrechez fiscal a nivel nacional que impide materializar inversiones ya proyectadas. Más allá de la dimensión técnica y jurídica, las obras canceladas tenían impacto concreto sobre el transporte de cargas, la capacidad del sistema eléctrico provincial y la disponibilidad de viviendas sociales.
- Centro Multimodal de Cargas (Cevil Pozo): nodo logístico pensado como “puerto seco” junto al aeropuerto Benjamín Matienzo; pendiente desde 2014; inversión estimada superior a los US$300 millones.
- Estación transformadora (El Chañar): obra para aliviar la carga del sistema eléctrico regional; prevista para atender a más de 255.000 clientes residenciales y miles de comercios; coste proyectado superior a US$100 millones.
- Complejo habitacional (Alderetes): 650 viviendas y un establecimiento educativo enmarcadas en el programa Casa Propia; proyecto quedó en anteproyecto por falta de financiamiento nacional.
El freno al nodo logístico
El proyecto del Centro Multimodal de Cargas, con un terreno de alrededor de 120 hectáreas, pretendía concentrar servicios aduaneros, plataformas para camiones, galpones ferroviarios y áreas destinadas a zonas francas. Aunque la iniciativa fue impulsada en distintas etapas por administraciones provinciales y nacionales, nunca se materializó más allá de los estudios.
Judicialmente, el expediente acumuló sentencias y recursos: una resolución de primera instancia fijó una indemnización millonaria, la Cámara Civil y Comercial la revisó a la baja y quedó pendiente un trámite de casación ante la Corte provincial. El decreto 564/1 (FE) invocó la falta de disponibilidad presupuestaria nacional como razón para desistir del proceso.
Una estación transformadora en espera
La obra planificada en El Chañar buscaba crear una nueva estación de extra alta tensión para descongestionar la única conexión importante de la provincia al SADI, que hoy opera casi al límite de su capacidad. Informes técnicos citados por el Ejecutivo advertían la ausencia de alternativas rápidas y económicas para afrontar el déficit energético en el área metropolitana.
Un fallo de marzo de 2025 había declarado transferido el dominio y fijado indemnizaciones a favor de las propietarias, con montos actualizados que rondaban cifras significativas en pesos. Sin embargo, la paralización por parte del Gobierno nacional de obras de transporte de energía y el elevado costo estimado (por encima de los US$100 millones) motivaron el desistimiento formal mediante el decreto 563/1 (FE).
Viviendas que no se construirán por ahora
El plan habitacional en Alderetes, pensado para 650 familias bajo el programa Casa Propia, contaba con normativa que permitía la expropiación de predios y con la entrega de posesión al Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano. Pese a ello, el proyecto apenas llegó a nivel de anteproyecto y no avanzó hacia la licitación ni la ejecución.
En julio de 2025 el informe técnico del IPV constató la ausencia de fondos y la falta de programas nacionales vigentes que financien la iniciativa. El decreto 565/1 (FE) recordó que ya se había ordenado una erogación para la compra de terrenos, pero recomendó desistir del juicio para evitar comprometer recursos provinciales en un escenario económico limitado.
Fuentes oficiales señalaron además que en la provincia ya se encuentran en marcha cerca de 1.800 viviendas, incluidas las primeras etapas del Procrear local, lo que reduce la capacidad financiera para sostener proyectos adicionales por cuenta propia.
Consecuencias y posibles pasos siguientes
La medida implica, en lo inmediato, la retención de los expedientes por parte de la Provincia sin la concreción de las obras; en lo práctico, significa que no habrá ampliación urgente de la capacidad logística ni alivio rápido de la red eléctrica, ni tampoco la entrega de las 650 viviendas proyectadas.
El Ejecutivo anunció que reclamará la recuperación de los montos depositados en los procesos expropiatorios, después de cubrir los costos judiciales. A futuro, la reactivación de los tres proyectos dependerá de que el Gobierno nacional reasigne fondos o de que se encuentren fuentes alternativas de financiamiento.
Mientras tanto, la decisión abre un debate sobre prioridades de inversión y la capacidad de las administraciones para sostener iniciativas de gran escala sin respaldo presupuestario federal. Seguirá la atención pública y política sobre si alguno de estos planes puede reencauzarse en los próximos años.
