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Mariela Altamirano negó de forma tajante haber causado la muerte de su hijo de cuatro años, a la vez que aseguró que intentó protegerlo y buscar ayuda. El caso, que tiene en vilo a Comodoro Rivadavia, avanza con imputaciones y hallazgos forenses que tensionan la investigación judicial y la disputa por la tenencia.
Qué se sabe hasta ahora
El niño, identificado como Ángel, fue llevado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia tras descompensarse en su vivienda. Según fuentes médicas, ingresó en la mañana del domingo y falleció antes de la medianoche en la sala de terapia intensiva.
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La primera ficha clínica consignó un paro cardiorrespiratorio sin heridas externas aparentes, pero el informe preliminar de la autopsia detectó lesiones internas en la cabeza, un dato que cambió el rumbo de la causa y motivó medidas de la Fiscalía.
- Horas clave: hallazgo del niño desvanecido en el domicilio; traslado al hospital alrededor de las 8:30; fallecimiento antes de la medianoche.
- Hallazgo forense: lesiones internas craneales según la autopsia preliminar.
- Responsables investigados: la madre, Mariela Altamirano (28), y su pareja están imputados por la fiscalía.
- Antecedentes: la madre registra denuncias previas por violencia y le fue quitada la tenencia de otro hijo; el padre biológico también figura con una denuncia por violencia familiar.
- Acciones institucionales: la Fiscalía solicitó antecedentes a autoridades de Misiones y Corrientes para completar la investigación.
La versión de la madre
Altamirano afirmó ante la prensa local que no golpeó ni maltrató al niño y describió cómo lo encontró dormido, luego de que la familia lo despertara para ir al baño. Relató haberle aplicado maniobras de reanimación cuando el padre constató que no respiraba y dijo que pidió una ambulancia de inmediato.
También aseguró que era víctima de violencia en la relación con el padre biológico durante el embarazo y los primeros meses del niño, y que por ese motivo se había ido a Córdoba en un momento. Según su relato, más tarde volvió a la provincia y comenzó a trabajar para sostenerse.
El conflicto por la tenencia
Fuentes judiciales indican que, a pesar de antecedentes en el expediente de Altamirano, en noviembre pasado la Justicia ordenó un proceso de revinculación y le otorgó facultades de tenencia. La situación compleja en torno a la guarda del menor se suma a los antecedentes de denuncias por violencia que pesan sobre ambas partes.
La pareja que crió al niño junto al padre biológico sostiene que Ángel vivió mayormente con ellos y que, aun así, el fallo de revinculación permitió a la madre recuperar cierta responsabilidad sobre el menor.
Tensión en el hospital y medidas judiciales
Testigos narran que se produjo un cruce de palabras entre Altamirano y el padre de Ángel en el nosocomio. La mujer afirma que hubo intentos por parte del padre para que el personal declare que el niño presentaba signos externos de violencia, algo que la dirección pediátrica habría desmentido inicialmente.
El fiscal a cargo, Facundo Oribones, imputó formalmente a Altamirano y a su pareja y pidió informes a las provincias donde la madre habría residido anteriormente para confirmar denuncias previas y otros antecedentes relevantes.
Consecuencias prácticas y sociales
El caso plantea varias preguntas urgentes: cómo se llegó a un desenlace fatal en medio de una disputa de tenencia; si los mecanismos de protección y seguimiento de antecedentes funcionaron; y qué responsabilidades penales podrían surgir una vez completados los peritajes.
Por ahora, la investigación continúa a la espera de resultados forenses definitivos y de la recopilación de antecedentes administrativos y judiciales solicitados a otras jurisdicciones. Las imputaciones suponen el inicio de un proceso penal que buscará determinar responsabilidades.
En juego: la determinación de si la muerte fue producto de un accidente, una neglecta grave o un acto de violencia; la verificación de antecedentes y la eventual sanción de los responsables, si la evidencia lo acredita.
Las autoridades pidieron preservar la cadena de custodia de pruebas y evitar conclusiones prematuras, mientras la comunidad local reclama respuestas claras sobre cómo se protegió a un niño que, según distintas versiones, estuvo en medio de conflictos familiares prolongados.
