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Una denuncia por presunta violencia política entre concejales de Yerba Buena encendió una nueva disputa dentro del peronismo provincial y abrió un choque que ahora transita entre el Concejo Deliberante y la Justicia. La controversia, que enfrenta al concejal Walter “Kabuby” Aráoz con la edil Gabriela Garolera, llega justo antes de la sesión del jueves y puede redefinir alianzas locales y el tratamiento de un proyecto sobre controles toxicológicos.
Aráoz rechazó las acusaciones y anunció que presentará medidas legales para defender su nombre. Según su relato, el intercambio ocurrido durante la reunión de labor parlamentaria fue público, con la presencia de varios ediles, por lo que descartó cualquier episodio de agresión en privado.
El concejal responsabilizó la denuncia a una maniobra política interna y vinculó el episodio con sectores afines a la intendenta Rossana Chahla. Señaló, además, que la propuesta de controles toxicológicos impulsada por Garolera carecería de sustento técnico y resultaría redundante frente a una normativa vigente desde 2016.
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En reacción, Garolera ratificó ante este medio que efectivamente presentó la denuncia y anticipó nuevas acciones judiciales. Describió el hecho como un asunto estrictamente judicial y dijo que no está dispuesta a retroceder: “Es su palabra contra la mía”, afirmó al defender la vía penal.
- Plazo inmediato: la sesión del Concejo está convocada para el jueves a las 9.30; allí podrían aflorar respaldos públicos y declaraciones que complicarían o clarificarían la situación.
- Ruta judicial: ambas partes anuncian pruebas y testimonios; el conflicto podría traducirse en diligencias que involucren a terceros presentes en la reunión.
- Política local: el choque suma tensión entre agrupaciones peronistas y podría influir en futuras votaciones y candidaturas municipales.
- Sobre el proyecto: la propuesta de controles toxicológicos será foco de debate y podría quedar supeditada al resultado político y judicial del enfrentamiento.
Cómo se desarrollaron los relatos
Aráoz dijo que, al llegar al recinto, encontró a la concejala en actitud airada y criticó lo que describió como un planteo político de fondo. Afirmó también que solicitará a los colegas que estuvieron presentes que testifiquen a favor de su versión para “preservar su honor”.
Garolera, por su parte, habló de un impacto personal y de seguridad: afirmó que el episodio la afectó y sostuvo que “no quiere exponerse” porque habría recibido presión —a su juicio— de personas que la insultaron o la amedrentaron. Remarcó, además, que el origen del conflicto fue su iniciativa sobre exámenes toxicológicos.
El intercambio no es aislado: Aráoz aludió a episodios previos en el Concejo y sugirió que actores externos habrían influido para instalar la denuncia. Garolera mantiene que la vía correcta es la judicial y que la resistencia en el recinto no invalidará su denuncia.
Qué está en juego
Más allá de la reputación de los involucrados, la disputa puede tener consecuencias prácticas: desde el tratamiento de ordenanzas hasta la fragmentación de bloques dentro del peronismo local. Los pasos que sigan las partes —reunir pruebas, testigos y definiciones públicas en la sesión— marcarán la próxima etapa.
En las próximas horas será clave observar dos cosas: si más ediles toman partido durante la sesión del jueves y cómo avanzan las presentaciones ante la Justicia. Ambos factores definirán si el conflicto se encauza hacia una resolución institucional o se prolonga en tribunales con impacto en la gestión municipal.
