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Un extenso grupo de trabajadores de la cultura, artistas, intelectuales y periodistas publicó una solicitada pública que advierte sobre similitudes entre las políticas del gobierno actual y el modelo económico aplicado durante la última dictadura cívico‑militar (1976-1983). La convocatoria, difundida en plena antesala del 24 de marzo, reclama atención sobre riesgos para la memoria histórica, los derechos laborales y la libertad de expresión.
Los firmantes recurren a la memoria histórica para trazar un paralelo: sostienen que, además de medidas económicas que favorecen la apertura indiscriminada y el ajuste constante, existen prácticas que reproducen mecanismos de disciplinamiento social y posible estigmatización de opositores.
Apagón cultural: memoria como advertencia
El documento recuerda episodios de la represión de los años setenta —cierres de espacios académicos, destrucción de materiales culturales y desapariciones— como antecedentes de lo que llaman un intento de “apagón cultural”.
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Según los autores, aquel proyecto político-económico combinó represión ilegal, apoyo del poder económico y la hostilidad de sectores conservadores, y tuvo como resultado la desarticulación de industrias nacionales y la erosión de derechos laborales.
La solicitada señala además que la administración actual relativiza o reivindica hechos del pasado represivo y que actúa con recursos represivos frente a protestas sociales, poniendo especial atención en episodios de violencia policial contra grupos vulnerables, entre ellos jubilados.
En el texto también se denuncia el uso combinado de medios de comunicación y aparatos judiciales para desacreditar dirigentes opositores y debilitar liderazgos populares, una estrategia que, en su lectura, contribuye al retroceso democrático.
¿Qué reclaman y por qué importa ahora?
Los firmantes exigen preservar el legado de las políticas de derechos humanos que impulsaron investigaciones y juicios contra responsables de crímenes de lesa humanidad. Insisten en que mantener viva la memoria histórica y los procesos judiciales asociados es esencial para evitar la repetición de vulneraciones.
Con la mirada puesta en la conmemoración del 24 de marzo, convocan a una movilización masiva para reivindicar el Nunca Más y contrarrestar lo que describen como un peligroso alineamiento con políticas que consideran neocoloniales y regresivas.
- Organismos y referentes de derechos humanos: entre ellos, liderazgos históricos y representantes de agrupaciones vinculadas a la defensa de la memoria.
- Músicos y actores: figuras prominentes del panorama cultural nacional que sumaron su firma para visibilizar la protesta.
- Escritores y cineastas: autores y creadores que destacan la importancia de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la cultura.
Entre los adherentes aparecen nombres de reconocimiento público —desde activistas de derechos humanos hasta músicos, actrices y dramaturgos— que, junto a una larga lista de profesionales de la cultura, respaldan la solicitada y llaman a no minimizar los riesgos señalados.
La publicación de este pronunciamiento en fechas próximas a la conmemoración de la última dictadura actualiza el debate sobre las formas en que se cuida la memoria colectiva y cómo se protegen las instituciones democráticas frente a posibles retrocesos.
Para quienes siguen de cerca la agenda pública, el texto funciona como una alerta temprana: plantea consecuencias concretas en materia cultural, laboral y judicial, y convoca a la ciudadanía a poner en discusión la dirección de las políticas públicas.
