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En el barrio de Mataderos, a 16 años del crimen que sacudió al país, familiares y vecinos homenajearon a Wanda Taddei y pidieron evitar que su asesino acceda a permisos carcelarios. La emotiva ceremonia, en la esquina de Directorio y Araujo, reapareció como recordatorio de un caso que marcó cambios legales y mantiene vivo el debate sobre las políticas contra la violencia de género.
Un mural como testimonio y reclamo
Los padres de Wanda descubrieron una gigantografía con su rostro y la consigna Ni una menos, acompañados por organizaciones y amigos. El acto —en el mismo lugar donde, en la madrugada del 10 de febrero de 2010, Eduardo Vásquez la atacó con alcohol y la prendió fuego delante de sus hijos— combinó memoria y exigencia de justicia.
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Beatriz, su madre, recordó a la mujer detrás de la imagen: su sonrisa y la mirada que, según dijo, permanecen en la memoria de quienes la conocieron. El mensaje de la familia fue claro: reconocer el crimen como femicidio y alertar sobre los primeros signos de control en las relaciones.
- Víctima: Wanda Taddei, 29 años.
- Fecha del ataque: 10 de febrero de 2010; falleció 11 días después.
- Condena: cárcel de cumplimiento efectivo; sentencia elevada a Prisión Perpetua y confirmada por la Corte Suprema en 2014.
- Situación actual: se aprobó un período de prueba que puede habilitar futuras salidas transitorias de entre 12 y 72 horas; familiares recolectaron firmas para oponerse.
El caso que impulsó una reforma
El ataque a Wanda y la movilización social que siguió sostienen, desde entonces, su lugar en la discusión pública: fueron un factor determinante para que en 2012 se incorporara la figura del femicidio al Código Penal mediante la Ley 26.791. Para familiares y activistas, aquel proceso judicial abrió una ruta para nombrar con precisión los crímenes por razón de género.
En el documento leído durante el homenaje se subrayó la crudeza del método del agresor: la quema del cuerpo como expresión de una violencia extrema y planificada, que exigió a la sociedad y al sistema judicial una respuesta más firme y con perspectiva de género.
Tensión judicial y pedidos de la comunidad
La posibilidad de que Vásquez acceda a salidas temporales volvió a encender protestas. La resolución del juez de ejecución penal Nº 3, Axel López, que autorizó iniciar un período de prueba, motivó una campaña para frenar cualquier flexibilización de la condena.
Organizaciones que acompañan a familiares de víctimas consideran que permitir beneficios penitenciarios antes de cumplirse un tramo significativo de la pena equivale a desvirtuar la condena y a negar el daño social que generan este tipo de delitos.
Redes de apoyo y voces que persisten
Colectivos como Atravesados por el Femicidio, que agrupan a familias de víctimas, estuvieron presentes y advirtieron sobre el efecto simbólico de conceder permisos a condenados por femicidio. Sus representantes —que han perdido hijas, hermanas y amigas en crímenes similares— reclaman mayor rigor en la ejecución de las penas y políticas públicas que desarticulen la violencia machista.
Durante el homenaje, los asistentes fueron escribiendo en el mural los nombres de mujeres asesinadas y llevando mariposas pintadas como señal de memoria. Historias como las de Julieta Mena o Natalia Melmann, citadas por familiares, volvieron a poner el foco en cómo la cultura y el trato institucional a la violencia afectan a las víctimas y a sus entornos.
Datos recientes y relevancia pública
Las organizaciones que trabajan contra la violencia de género insisten en que los números subrayan la urgencia de medidas sostenidas. Entre los datos citados en el acto:
- Según La Casa del Encuentro, en 2025 se registraron 238 femicidios, y 36 en los dos primeros meses de 2026.
- La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema reportó 1.575 mujeres y niñas afectadas por violencia doméstica en los primeros meses de este año; entre ellas, 277 con lesiones y 238 que recibieron amenazas de muerte.
Qué está en juego
Más allá del homenaje, la convocatoria en Mataderos planteó preguntas concretas sobre la política criminal, la protección de las víctimas y la responsabilidad del Estado. Para las familias, la posibilidad de permisos anticipados no solo pone en riesgo la percepción de justicia: también representa un retroceso en la prevención y en el reconocimiento del daño específico que implican los femicidios.
El recuerdo de Wanda funciona ahora como reclamo activo: exigir que las penas se cumplan, priorizar una mirada de género en la respuesta estatal y actuar frente a los primeros signos de control en las relaciones son algunas de las demandas que emergen del encuentro, y que siguen vigentes en la agenda pública.
