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Giselle Rímolo, quien se hacía pasar por médica y fue condenada por homicidio culposo, volvió a ser foco de atención por incidentes en su vivienda de Don Torcuato: vecinos denunciaron fiestas y la municipalidad recibió reclamos formales por el uso del lugar para eventos privados. La mujer también habría reinventado sus ingresos a través de ventas en redes bajo un nombre alternativo, lo que complica aún más su convivencia con el barrio.
Ventas online y nueva identidad digital
Según el informe del programa Puro Show, Rímolo opera ahora con el alias Mónica Best en plataformas sociales, desde donde comercializa artículos de estética y moda. La oferta incluye pelucas, pestañas postizas, calzado y prendas, y la atención al cliente se realiza de forma totalmente virtual, con intercambio de fotos y datos por teléfono.
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Fuentes del barrio sostienen que parte de ese emprendimiento habría recibido formación específica mientras la mujer cumplía su condena. Rímolo evita el contacto directo con terceros y sólo saldría de su casa para controles médicos, según testimonios recogidos en la zona.
Conflictos vecinales y suspensión de eventos
La tensión en el vecindario se concentró en el área de la pileta de la casa, donde se celebraban reuniones diurnas que, según los residentes, excedían el nivel de ruido habitual. Las quejas derivaron en presentaciones ante el municipio por alteración del orden público y posible uso inadecuado del inmueble.
En un audio difundido, la mujer afirmó que dejaría de organizar eventos “porque no generan ganancias y para evitar problemas con los vecinos”. Esa decisión, si se mantiene, reduce el conflicto inmediato, pero deja sobre la mesa preguntas sobre controles municipales y fiscalización de actividades privadas en zonas residenciales.
- Alias comercial: “Mónica Best” en redes sociales.
- Productos ofrecidos: pelucas, pestañas, calzado y ropa.
- Modalidad de venta: exclusivamente online, con envío de fotos por teléfono.
- Quejas vecinales: ruidos por eventos en la pileta y denuncias al municipio.
- Situación judicial: recuperó la libertad en 2021 tras cumplir condena por homicidio culposo.
El caso plantea dos ejes de interés público: por un lado, la responsabilidad de la administración local para regular actividades ruidosas o comerciales en barrios residenciales; por otro, el desafío de la reinserción social de personas con antecedentes penales, en particular cuando su presencia suscita rechazo entre quienes viven cerca.
Implicancias locales
No sólo se trata del malestar por el sonido de la música: las denuncias formales obligan al municipio a revisar permisos, constatar el uso del domicilio y, en su caso, aplicar sanciones o medidas preventivas. Vecinos consultados exigen mayor presencia de autoridades para evitar que la situación se repita.
Mientras tanto, Rímolo parece haber priorizado un esquema económico de baja exposición pública: ventas por internet que no requieren atención presencial y una promesa de no retomar las fiestas. Queda por verse si esa postura reduce definitivamente las tensiones o si las autoridades coordinan acciones para garantizar la convivencia.
