Un fallo reciente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó la condena contra un productor rural por una fumigación que en 2011 provocó la muerte de un niño y lesiones graves en su prima. La decisión impone responsabilidades penales por el uso negligente de plaguicidas y supone un antecedente con impacto para futuros procesos y las normativas sobre agroquímicos.
La Sala confirmó la pena de tres años de prisión a Ricardo Nicolás Prieto por homicidio culposo y lesiones culposas, después de que la defensa perdiera la apelación. Según la sentencia, la acumulación de pruebas alcanzó el grado de certeza necesario para responsabilizarlo penalmente por el hecho.
Los hechos ocurrieron en marzo de 2011 en una chacra de tomates y hortalizas en Puerto Viejo, Lavalle. Allí, un niño de 5 años, Santiago Nicolás Arévalo, cayó en una zanja donde había residuos del plaguicida alfa-endosulfán. Tras el contacto con la sustancia y la inhalación de vapores, desarrolló un edema agudo de pulmón que terminaría con su vida. Su prima, Celeste Abigail Estévez, de 4 años, resultó con lesiones graves al intentar socorrerlo.
Xavi Simons lesionado gravemente: alarma en Países Bajos tras victoria del Tottenham
Raúl Prebisch sigue vigente 40 años después: su legado guía la política económica
La resolución judicial atribuye al productor haber actuado con falta de cuidado: contrató la fumigación sin supervisar personalmente el procedimiento y permitió que las cortinas de los tendaleros permanecieran levantadas, lo que facilitó la deriva de los tóxicos hacia zonas donde estaban los niños. Para el tribunal, esa cadena de decisiones configuró una conducta negligente con consecuencias letales.
- Fecha del hecho: marzo de 2011.
- Ubicación: Puerto Viejo, Lavalle, Corrientes.
- Víctimas: Santiago Nicolás Arévalo (fallecido, 5 años) y Celeste Abigail Estévez (lesionada, 4 años).
- Sustancia implicada: alfa-endosulfán (organo-clorado).
- Resultado judicial: condena confirmada a 3 años de prisión por homicidio culposo y lesiones culposas.
- Relevancia: precedente judicial en causas relacionadas con el uso de agroquímicos.
Organizaciones ambientales, vecinos y familiares de afectados consideran este fallo un hito judicial. Reclaman que el caso impulse controles más estrictos, sanciones efectivas y la modernización de la normativa que regula la aplicación de plaguicidas en zonas rurales y periurbanas.
En paralelo: el juicio de Pergamino
La sentencia correntina llega mientras en Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires, se desarrolla otro proceso por contaminación. Desde febrero se celebra un juicio oral contra siete productores y dos funcionarios acusados por prácticas de fumigación que habrían afectado a la población.
Una de las querellantes, Sabrina del Valle Ortiz, atribuye a las fumigaciones continuas la pérdida de un embarazo de seis meses en 2011 y relata síntomas agudos —náuseas, mareos y quemaduras en mucosas— que, según su testimonio, coincidieron con episodios de deriva de agroquímicos hacia viviendas. En este caso, por primera vez se imputan a funcionarios públicos por incumplimiento de los deberes de funcionario público por no controlar las pulverizaciones.
Ambas causas trazan un panorama jurídico en movimiento: los tribunales empiezan a analizar no solo la conducta de los aplicadores, sino también las responsabilidades de quienes deben fiscalizar. Eso puede traducirse en más procesos contra productores y en investigaciones sobre la actuación municipal y provincial en materia de control.
Para las comunidades rurales, la decisión correntina asoma como un llamado de atención. Si se consolida como referente, puede modificar prácticas en los campos y aumentar la presión por regulaciones que reduzcan la exposición de vecinos y trabajadores a plaguicidas peligrosos.
