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Han pasado 90 días desde la potente explosión que sacudió el polo industrial de Ezeiza y la comunidad sigue sin respuestas definitivas: los daños materiales y humanos persisten mientras la investigación judicial no presenta resultados oficiales. La demora en las pericias complica la reparación de viviendas, la recuperación de empresas y el futuro laboral de cientos de trabajadores.
La secuencia ocurrió la noche del 14 de noviembre de 2025: una primera deflagración que destruyó parte del depósito de la firma Logischem, seguida por una segunda explosión aún más intensa. La onda expansiva rompió vidrios a 15 kilómetros y las llamas alcanzaron más de veinte metros de altura, según descripciones oficiales y testimonios de personal de emergencias.
La noche que no se olvida
Bomberos, equipos de emergencias y personal municipal trabajaron durante horas. En el operativo intervinieron más de 900 personas y alrededor de 70 dotaciones de bomberos; hubo cerca de 20 heridos, sin víctimas fatales.
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Quienes estuvieron dentro del depósito relatan que todo empezó tras un derrame de un contenedor IBC con **peróxido** —agua oxigenada de alta concentración— que empapó pallets de madera. Testigos sostienen que esos pallets no fueron retirados a tiempo y que, combinados con estibas que contenían fósforo rojo y blanco, facilitaron la propagación del fuego.
Un exempleado, que pidió mantener su identidad en reserva por seguridad, dijo que la experiencia le dejó secuelas emocionales y que aún tiene dificultades para dormir. Otros trabajadores coinciden en señalar fallas en el manejo de la mercadería la mañana previa al siniestro.
Daños en el parque industrial y en el barrio
Varias empresas vecinas sufrieron pérdidas severas: maquinaria destruida, stock arruinado y daños estructurales. Entre las compañías afectadas se mencionan Iron Mountain, Larroca Minera, El Bahiense, Industrias Lago y Sinteplast.
- Fecha y hora: 14 de noviembre de 2025, 20:52.
- Alcance del impacto: vidrios rotos y daños hasta a 15 km del predio.
- Operativo: ~900 personas y ~70 dotaciones de bomberos.
- Heridos: alrededor de 20, sin fallecidos.
- Empresas afectadas: varias con pérdidas de maquinaria y productos.
- Viviendas: electrodomésticos quemados y vidrios rotos; reclamos de vecinos sin respuesta efectiva.
Vecinos cuentan que aún no recibieron atención ni compensaciones: uno afirmó que la reparación de su heladera le costó $250.000 y el recambio de vidrios rondó los $100.000. Muchos residentes aseguran que no tuvieron ninguna notificación por parte de las empresas ni del Estado sobre indemnizaciones o trabajos de reparación.
Estado de la causa judicial
La investigación está a cargo del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. El fiscal de Cámara, Carlos Baccini, confirmó que el predio fue devuelto a las empresas el 14 de enero y que se realizaron múltiples peritajes: con Bomberos, la Policía Federal, la Policía Ambiental de la provincia y estudios informáticos sobre dispositivos secuestrados.
Baccini explicó que en la causa participan seis partes con sus propios abogados y peritos y que los estudios técnicos demandarán todavía semanas; en su evaluación más reciente dejó claro que, por ahora, **no hay resultados concluyentes**.
Fuentes judiciales calculan que los peritajes técnicos podrían demorar hasta un par de meses más antes de poder formular conclusiones, pero no hay fecha cierta para un informe final.
Impacto laboral y comercial
La explosión dejó buena parte de la planta de Logischem en ruinas: se ven grandes pilares en pie y galpones consumidos por el fuego. Según ex empleados, la mayor parte de la plantilla fue desvinculada y solo quedaron cuatro operarios a cargo de custodiar lo que quedó en pie; otros diez fueron apartados en los días posteriores.
Intentos de reubicación —como alquilar otros galpones— habrían fracasado ante la negativa de propietarios a recibir en su logística a la empresa afectada, según testimonios.
La combinación de pérdida de infraestructura, stock arruinado y la paralización del proceso judicial genera tensión sobre la viabilidad de algunas actividades y pone en riesgo empleos de larga data.
Tres meses después, la comunidad reclama respuestas claras: reparación de los daños domésticos, contención para los trabajadores despedidos y la definición de responsabilidades por lo ocurrido. Mientras tanto, las pericias siguen en curso y la espera por un dictamen oficial mantiene en pausa cualquier avance definitivo.
