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El concejal Leandro Argañaraz presentó un proyecto para dejar sin efecto partes clave de la ordenanza que regula a los vendedores ambulantes, en respuesta a manifestaciones del secretario general del sindicato Sivara, Roberto Quiroga. La iniciativa reabre el debate sobre quién decide quién puede trabajar en la vía pública y qué condiciones se exigen a quienes viven de la venta ambulante.
Argañaraz sostiene que la norma vigente otorga poderes que, en la práctica, centralizan la autorización en el sindicato y en el municipio, y obliga a los vendedores a inscribirse como monotributistas. Según su proyecto de derogación parcial, esas facultades deben eliminarse para preservar la libertad laboral y evitar cargas fijas que afectan a quienes ejercen actividades estacionales o informales.
Qué propone el proyecto
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El texto presentado por el concejal apunta a suprimir los artículos que delegan en terceros la capacidad de determinar quiénes pueden vender en la calle y dónde deben hacerlo. También cuestiona la exigencia administrativa que, a su juicio, no se ajusta a la realidad de vendedores que dependen del clima y de la demanda ocasional.
| Disposición vigente | Qué busca derogar el proyecto |
|---|---|
| El sindicato puede designar a los vendedores habilitados | Eliminar la facultad del gremio para seleccionar quiénes trabajan |
| El municipio determina puntos de venta | Quitar la obligatoriedad de asignación municipal de puestos |
| Inscripción obligatoria como monotributista | Suspender la obligación de monotributo para esta actividad |
En su exposición pública, Argañaraz afirmó defender a los vendedores tradicionales —entre ellos achilateros, pralineteros, vendedores de algodón de azúcar y pochoclo— y denunció que la norma favorece a estructuras que podrían cobrar por el acceso al trabajo. Para el edil, exigir inscripción fiscal, compra de carrozas y vestimenta específica sin considerar la estacionalidad implica riesgos reales para ingresos familiares.
- Costos fijos elevados para actividades temporales.
- Riesgo de exclusión laboral por trámites y gastos obligatorios.
- Concentración de poder en intermediarios con capacidad de impedir el trabajo libre.
Implicaciones y próximo paso
La iniciativa reaviva una disputa entre el Concejo, el sindicato y el Ejecutivo municipal sobre el equilibrio entre orden público y derechos laborales. En términos prácticos, la derogación parcial podría reducir requisitos administrativos y limitar la intervención sindical en la asignación de puestos, pero también plantea dudas sobre cómo se regularía la convivencia urbana sin un marco claro.
El proyecto ahora ingresará a tratamiento en comisiones del Concejo, donde se evaluarán informes técnicos y posibles enmiendas. Desde el entorno de Sivara aún no se difundió una respuesta oficial; el debate, según fuentes consultadas, promete ser corto en tiempos pero intenso en contenid o.
Mientras el expediente avanza, la discusión tiene un impacto directo sobre cientos de vendedores que dependen de la venta callejera: cualquier cambio puede modificar sus costos, su capacidad para trabajar y la forma en que acceden a un ingreso diario.
