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Este miércoles por la noche la Unidad Fiscal de Investigaciones de Estafas y Delitos Informáticos llevó a cabo un allanamiento en las oficinas de Branka Motors en la capital, en una causa que ya agrupa a más de 200 denunciantes. La actuación, con secuestro de documentación y teléfonos, marca un avance clave para esclarecer reclamos por ventas de motocicletas que, según los querellantes, nunca se concretaron correctamente.
El operativo en la concesionaria
El procedimiento comenzó en horario nocturno en la oficina situada en la esquina de 25 de Mayo y avenida Rioja. Personal judicial acompañado por efectivos policiales ingresó al local para asegurar elementos vinculados a la investigación.
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Fuentes del Ministerio Público confirmaron que se retiraron expedientes, sobres y dispositivos móviles que serán sometidos a pericias forenses. El ayudante fiscal a cargo, Santiago Bruno, evitó ofrecer detalles sobre el contenido incautado y adelantó que los resultados del análisis determinarán los pasos procesales siguientes.
La intervención duró aproximadamente una hora y, al concluir, se observó al equipo fiscal abandonar el lugar con bolsas y carpetas que contienen documentación considerada clave para la causa.
Reclamo público y tensión previa
Desde el inicio del operativo, cerca de 50 personas se concentraron frente a la concesionaria para exigir respuestas y solicitar información sobre el destino de los responsables. Los manifestantes permanecieron en calma mientras se desarrollaban las diligencias.
El allanamiento llega tras incidentes registrados el lunes, cuando clientes que habían pagado por motocicletas se presentaron en la firma para reclamar la entrega de los vehículos. La falta de soluciones derivó en momentos de tensión y en la retirada, bajo custodia policial, de trabajadores y representantes de la empresa.
Según los damnificados, son alrededor de 200 las personas afectadas por la presunta estafa; en muchos casos se habrían entregado motos sin la documentación pertinente para su patentamiento, lo que dificulta aún más la regularización de los bienes.
- Qué se secuestró: documentación comercial, sobres con papeles y teléfonos celulares.
- Duración del operativo: cerca de una hora.
- Personas movilizadas: al menos 50 clientes en el lugar durante el allanamiento.
- Denunciantes: más de 200 personas que aseguran haber sido estafadas.
Qué implica para los afectados
El análisis pericial de los elementos incautados será determinante para verificar si existe un esquema de fraude y si corresponde imputar a responsables. Para quienes aún esperan las motos o la documentación, el avance judicial ofrece una posibilidad concreta de esclarecer la situación y recuperar sus derechos.
Por ahora, la Fiscalía mantiene la causa abierta y no descarta nuevas medidas en función de lo que arrojen las pericias. Los damnificados exigieron mayor celeridad y seguimiento oficial para evitar dilaciones que, según afirman, prolongan su incertidumbre.
El caso permanecerá bajo la órbita de la UFI especializada, que continuará reuniendo pruebas y tomando declaraciones. La expectativa hoy es que las actuaciones administrativas y forenses permitan precisar responsabilidades y acelerar las soluciones para los compradores perjudicados.
