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El gobernador Osvaldo Jaldo dispuso un recambio en la conducción de la Caja Popular de Ahorros (CPA), que se formaliza desde hoy con la jura de los nuevos interventores. El movimiento busca, según el Ejecutivo, ordenar la gestión de una entidad con fuerte impacto sanitario y social en la provincia.
Ayer por la mañana el Gobierno provincial solicitó las renuncias del interventor y del subinterventor actuales: José Díaz y Darío Amatti, ambos señalados por vínculos con el diputado nacional Carlos Cisneros (Unión por la Patria).
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A las 10 de la mañana jurarán en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno los designados por Jaldo: Guillermo Norry, ex interventor del municipio de Juan Bautista Alberdi, y Antonio Bustamante, ex presidente del Colegio de Abogados. Desde la Gobernación indicaron que el encargo es conducir la CPA con mayor orden administrativo.
Fuentes oficiales señalaron que la decisión responde a varias causas y que se prioriza una gestión más transparente y controlada. En los meses previos habían circulado otros nombres para la conducción, entre ellos exautoridades locales y exlegisladores.
¿Por qué importa este cambio?
La Caja Popular de Ahorros administra recursos derivados del juego provincial y destina parte de esa recaudación a fines explícitamente sociales: financiamiento del Sistema Provincial de Salud y subsidios a sectores vulnerables. Su alcance territorial permite también canalizar apoyos a fundaciones, clubes y organizaciones comunitarias, lo que la convierte en un actor con peso tanto económico como político.
- Quiénes se fueron: José Díaz (interventor) y Darío Amatti (subinterventor).
- Quiénes asumen: Guillermo Norry y Antonio Bustamante; jura hoy a las 10.
- Motivos oficiales: fin de un “ciclo institucional”, acumulación de tensiones internas y necesidad de orden administrativo.
- Relevancia: controla fondos destinados a salud pública y asistencia social en toda la provincia.
En el Ejecutivo admiten que el recambio se venía evaluando desde fines del año pasado. Hubo interés dentro del jaldismo por tener una conducción afín que asegure control sobre una institución estratégica para la distribución de apoyos locales.
Antecedentes y tensiones históricas
La CPA permanece intervenida desde 2003, cuando se inició la intervención en la primera gestión de José Alperovich; desde entonces, las decisiones más relevantes quedaron ligadas a los distintos gobiernos provinciales. El periodo que culminó en el reemplazo de 2018 —cuando Eduardo Jairala fue sucedido por Díaz— marcó el inicio del último tramo de gestión que el Ejecutivo califica ahora como “ciclo cumplido”.
La relación entre la Caja y la política provincial no ha estado exenta de conflictos. A fines de 2012 hubo un episodio de alta tensión ligado a la emisión de Letras del Tesoro, cambios de interventores y enfrentamientos que incluso tuvieron consecuencias en el interior de la institución.
Ese historial explica en parte la sensibilidad con la que se mira cualquier designación en la CPA: no es sólo una cuestión técnica, sino una decisión con efectos sobre la distribución de recursos y las redes de apoyo local.
Qué esperar ahora
El Gobierno plantea como prioridad recuperar orden administrativo; la oposición y distintos sectores sociales estarán atentos a señales de transparencia, continuidad de los programas sociales y manejo de los fondos del juego.
Entre los puntos a seguir en las próximas semanas están:
- Auditorías o informes de gestión que clarifiquen el estado financiero de la CPA.
- Políticas sobre la distribución de subsidios a clubes, fundaciones y organizaciones comunitarias.
- Relaciones entre la nueva conducción y los distintos actores políticos y gremiales vinculados a la entidad.
En conjunto, el relevo en la Caja Popular de Ahorros combina un gesto político —la redistribución de poder dentro del oficialismo— con un mensaje técnico sobre la necesidad de ordenar una entidad clave para la salud pública y la asistencia social en la provincia. La gestión entrante deberá demostrar rápidamente cómo piensa manejar esos recursos y responder a las expectativas de transparencia ciudadana.
