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El abogado Fernando Burlando afirmó en el programa de Mirtha Legrand que Florencia Peña cuenta con fundamentos legales para demandar a Luzu TV tras su despido, vinculado a la difusión de una noticia falsa sobre el padre de Lionel Messi. El caso subraya hoy la tensión entre la difusión inmediata en plataformas de streaming y la protección laboral y reputacional de figuras públicas.
Despido y responsabilidades
Burlando explicó que la ruptura de la relación laboral no fue acordada por la actriz y que existía un contrato formal cuyo cumplimiento habría sido vulnerado por la emisora. Según su relato, la decisión de desvincularla fue tomada por la producción del canal y comunicada de forma tajante.
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El abogado puso el acento en que la responsabilidad recae en la estructura del medio, no en la conductora del ciclo. A su juicio, Peña no tenía control sobre la verificación del contenido que salió al aire, pues la producción dependía del canal.
Asimismo, Burlando advirtió sobre la dinámica de las nuevas plataformas: en entornos donde predomina la informalidad, dijo, aumentan los riesgos de que la información no se trate con los mismos filtros que en medios tradicionales.
Reclamos posibles y alcance económico
Más allá de la discusión técnica sobre el contrato, el letrado destacó el impacto personal en la actriz: afirmó que Peña permanece afectada emocionalmente desde el episodio ocurrido el 18 de junio.
Sobre la cuantía de una demanda, Burlando vinculó el potencial monto a la condición pública de Peña y a los ingresos y beneficios que incluía su contrato, no a un número arbitrario. También mencionó la posibilidad de reclamar por daño moral.
- Demandas laborales por rescisión del contrato sin causa o sin el procedimiento pactado.
- Reclamo por daño moral por el perjuicio reputacional y el impacto psicológico.
- Compensaciones vinculadas a salarios, beneficios contractuales y lucro cesante.
- Responsabilidad de la producción y del canal por falta de controles editoriales.
En la práctica, determinar una cifra exigirá un análisis detallado del contrato, del tiempo de trabajo perdido y de la valoración del perjuicio no patrimonial. Los plazos y la estrategia dependerán de la documentación y de los hechos que puedan acreditarse ante la justicia.
El caso sirve además para abrir un debate más amplio: cómo deben adaptarse las normas laborales y los protocolos de verificación a formatos que priorizan la inmediatez, y qué herramientas legales tienen los profesionales para reparar daños cuando la responsabilidad editorial es compartida.
