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Esta semana se define una nueva etapa en la causa por presunto tráfico de influencias que sacude a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán: el juez subrogante José Manuel Díaz Vélez debe fijar la fecha en que el abogado sospechado será indagado. El avance del expediente llega en un momento delicado, porque la investigación toca vínculos personales y podría afectar el proceso de designación de una magistrada federal.
Qué está en juego
El fiscal federal Agustín Chit solicitó la indagatoria de Luis Alejandro Ontiveros en una causa que comenzó el 29 de abril de 2025, tras una denuncia presentada por Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, jefe de investigación de la ARCA (antes AFIP). El denunciante asegura que se ofreció la venta de una sentencia favorable al hijo del propio Martínez Salazar Pérez, Jerónimo Martínez Parada, a cambio de una suma cercana a los 80.000–100.000 dólares.
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Si el juez confirma la indagatoria, la causa pasará a una etapa decisiva: la fiscalía apuesta a pruebas técnicas y rastros digitales; la defensa, en cambio, denuncia una maniobra dirigida a perjudicar la reputación de familiares y terceros.
Las versiones enfrentadas
Ontiveros presentó una declaración escrita extensa en la que rechaza categóricamente las imputaciones. Sostiene que no hubo corrupción sino una campaña para dañar la candidatura de su esposa, la abogada y relatora Solana Casella, quien integra una terna para ocupar el Juzgado Federal N°1 de Tucumán con competencia electoral.
La defensa niega que los encuentros atribuidos por el denunciante, supuestamente ocurridos en bares de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, hayan tenido lugar como se describe y aporta contraargumentos técnicos —entre ellos, análisis de antenas de telefonía— que, según Ontiveros, demostrarían que el denunciante no salió de su oficina el día señalado.
Sobre la segunda reunión denunciada, del 15 de abril de 2023, la defensa señala un error evidente en la identificación vehicular: la patente citada por el testigo (AF397CU) correspondería a una persona sin relación con los implicados, lo que para Ontiveros prueba una confección indebida del relato.
Pruebas digitales y peritajes
La fiscalía fundamenta su pedido en varios hallazgos obtenidos del teléfono de Ontiveros. Entre ellos, anotaciones referidas a movimientos internos de la Cámara y el seguimiento de expedientes que, según el Ministerio Público, excederían la actividad profesional legítima.
Un punto central del requerimiento es una imagen localizada en el dispositivo que, según el peritaje, correspondería a una resolución del juzgado de Catamarca del 10 de marzo de 2023. Los metadatos y la presencia en la captura de una barra con la leyenda “Zimbra:: Inbox (977)” llevaron a los peritos a concluir que la captura se generó cuando el expediente estaba bajo revisión en la Cámara Federal y que la imagen habría sido tomada desde un entorno del Poder Judicial de la Nación.
La interpretación del fiscal es clara: si la captura provino de un sistema institucional, su obtención habría requerido el acceso de alguien con credenciales oficiales, que luego habría facilitado la imagen al imputado.
- Denuncia presentada: 29 de abril de 2025.
- Fechas clave señaladas: 10 de marzo de 2023 (primer encuentro), 15 de abril de 2023 (segundo encuentro), 21 de abril (reunión admitida por Ontiveros).
- Pruebas mencionadas por la fiscalía: anotaciones en el celular, imagen con metadatos y referencia a Zimbra, registros de geolocalización y mensajes de chat.
- Argumentos de la defensa: análisis de antenas que negarían desplazamientos, patente errónea vinculada a un tercero, y alegación de ruptura en la cadena de custodia del teléfono.
En su descargo, Ontiveros también contextualiza el encuentro que reconoce haber mantenido el 21 de abril: lo califica como una consulta profesional sobre honorarios y estrategias jurídicas legítimas, no como la negociación de un fallo. “Si el denunciante me buscó fue por mi opinión técnica”, plantea el abogado en su escrito.
Disputa sobre la custodia y otros vínculos
La fiscalía sostuvo además que, antes de que su teléfono fuera secuestrado, Ontiveros borró sus cuentas de mensajería, lo que podría encubrir evidencia. La defensa contradice esa versión alegando que la eliminación de datos figura en registros posteriores al momento en que el aparato ya estaba bajo custodia policial, lo que según ellos sugiere una posible manipulación externa.
Otro eje del enfrentamiento gira en torno a la relación entre Ontiveros y el camarista Mario Leal. La defensa describe el uso compartido de tarjetas y vehículos como parte de una “economía familiar” derivada de una relación estrecha, mientras que la fiscalía interpreta esos mismos hechos como indicios graves: la casa en la que vive la familia aparece vinculada al camarista y Ontiveros posee extensiones de tarjetas a nombre de Leal, datos que el requerimiento califica como relevantes para la investigación.
En los pasillos de la Cámara Federal hay inquietud: varios integrantes se excusaron de intervenir por la mención a Leal, aunque todos coinciden en la necesidad de que la causa avance y se esclarezcan las pruebas.
Estado procesal y próximos pasos
En los próximos días, el juez subrogante José Manuel Díaz Vélez deberá fijar el día en que Luis Alejandro Ontiveros será indagado. La querella, dirigida por Juan Andrés Robles, reclama que la causa siga adelante con celeridad: considera que las evidencias de geolocalización y chats son contundentes y que la declaración espontánea de la defensa busca posponer la indagatoria.
Más allá de la resolución puntual sobre la fecha, el caso plantea preguntas sobre la transparencia en el manejo de expedientes judiciales y sobre el impacto que investigaciones de este tipo pueden tener en procesos de selección judiciales en curso.
La decisión de Díaz Vélez marcará el ritmo de la investigación: una indagatoria fijada pronto podría acelerar diligencias probatorias; una postergación, en cambio, añadirá tensión política y procesal a un expediente ya sensible por sus protagonistas y por el contexto en el que se desarrolla.
