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Una auxiliar de un jardín de infantes de La Plata recuperó la libertad este jueves tras quedar detenida por utilizar los datos de la tarjeta de crédito de una compañera con discapacidad. La resolución judicial combina medidas cautelares y exigencias de tratamiento, en un caso que interpela tanto la seguridad en los lugares de trabajo como la respuesta penal frente a fraudes internos.
La decisión fue adoptada por la jueza del Juzgado de Garantías 5, Marcela Garmendia, después de una audiencia en la que la acusada expresó arrepentimiento y alegó haber cometido los hechos en un contexto de vulnerabilidad económica y familiar.
Condiciones para evitar la prisión
La mujer quedó en libertad pero con obligaciones claras: deberá iniciar y acreditar asistencia a sesiones de tratamiento psicológico y psiquiátrico en la Asesoría Pericial, presentar constancias mensuales y permitir la realización de un informe ambiental en su domicilio. La magistrada valoró además que la imputada tiene un hijo de 7 años y conflicto con el pago de la cuota alimentaria por parte de su expareja.
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En la resolución se tuvo en cuenta una condena previa con régimen condicional por impedir el contacto de un menor, pero la jueza determinó que en este momento no existen los riesgos procesales suficientes para mantener la detención.
- Hechos investigados: uso indebido de datos de una tarjeta ajena para realizar compras.
- Período de operaciones: entre el 21 de noviembre de 2025 y el 12 de enero de 2026.
- Monto aproximado: consumos por cerca de 2 millones de pesos.
- Medidas ordenadas: allanamiento, secuestro de bienes y libertad con seguimiento médico-psicológico.
Cómo se descubrió el fraude
La investigación comenzó cuando la víctima, otra trabajadora del Jardín 954 de La Plata, detectó cargos en los resúmenes de sus tarjetas que ella no había realizado. Tras la denuncia, la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen intervino y determinó movimientos irregulares en las cuentas.
Según los relatos judiciales, los investigadores concluyeron que la autora habría accedido a las tarjetas en el lugar donde ambas dejaban sus pertenencias durante la jornada laboral y copió los números de los plásticos. Con esos datos efectuó compras que incluyen pasajes a la Costa Atlántica y objetos de uso doméstico.
En el allanamiento al domicilio de la acusada se encontraron varios artículos adquiridos con la tarjeta de la denunciante —televisor, cama, celular, notebook— y anotaciones que están siendo peritadas.
Estado procesal y posibles consecuencias
La fiscalía, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta (UFIyJ 16), mantiene la investigación abierta. La imputación formal comprende cuatro hechos por “defraudaciones informáticas reiteradas” en concurso real, por las distintas operaciones detectadas.
No está resuelto si la víctima recuperará el dinero directamente: fuentes judiciales señalaron que, en principio, los cargos desconocidos pueden quedar cubiertos por el seguro del emisor de la tarjeta, aunque eso no excluye la acción penal ni eventuales reclamos civiles.
La defensa, representada por el abogado Miguel Molina, anunció que solicitará una mediación con la parte perjudicada con el objetivo de “autocomponer” el conflicto, independientemente de que se llegue o no a un perjuicio efectivo.
Qué implica para el ámbito laboral
Más allá del caso individual, este expediente subraya demandas prácticas: la necesidad de protocolos claros para custodiar pertenencias en centros educativos, controles internos más firmes y formación sobre riesgos de fraude entre el personal. Para víctimas y empleadores, la investigación de cibercrimen demuestra que los delitos pueden ser rastreados y que las entidades bancarias disponen de mecanismos de protección, aunque la restitución no siempre sea inmediata.
El proceso continúa y las próximas semanas serán claves: la presentación mensual de las constancias de tratamiento y el informe domiciliario ordenado por la jueza marcarán si la medida alternativa a la prisión se mantiene o se modifica en el marco de la causa.
