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El gobierno provincial puso en marcha la puesta en funcionamiento del instituto socioeducativo Padre Brochero, ubicado en el pabellón destinado a menores dentro del complejo penitenciario de Benjamín Paz. El traslado de los primeros adolescentes, que reemplazará al actual Instituto Roca, depende ahora del visto bueno judicial y de la instalación definitiva de los equipos técnicos.
Habilitación y primeros pasos
Representantes de la constructora encargada del proyecto entregaron esta semana las obras del pabellón N° 8, que fue reacondicionado para recibir a jóvenes de 16 y 17 años en conflicto con la ley penal.
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Desde el jueves, áreas del Ministerio de Desarrollo Social comenzaron a instalar la estructura administrativa y los recursos humanos necesarios. El objetivo del Ejecutivo es contar con la autorización judicial para iniciar los traslados a fines de la próxima semana.
Qué implicará para los jóvenes y el sistema
El cambio implica el vaciado progresivo del Instituto Roca: los menores alojados allí serán reubicados en el nuevo instituto. Según fuentes oficiales, actualmente hay nueve adolescentes con orden judicial de alojamiento; el pabellón adaptado tiene capacidad para 60 internos.
Las autoridades destacan que el sector funciona con acceso independiente y sin conexión operativa con el resto de la penitenciaría, una condición que, sostienen, responde a estándares nacionales e internacionales sobre alojamiento de menores.
- Edificio: Pabellón N° 8, aislado del resto del penal.
- Capacidad: 15 celdas, 4 jóvenes por celda (hasta 60).
- Usuarios: Adolescentes de 16 y 17 años en conflicto con la ley penal.
- Fecha prevista: Traslados iniciales con autorización judicial hacia finales de la próxima semana.
- Sustituye a: Instituto Roca, cuyas instalaciones pasarán a otro uso dentro del sistema penitenciario.
Recorrido oficial y actores
El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, encabezó la inspección acompañado por directivos de los servicios de niñez y del propio Instituto Roca: Gilda Zurita, Florencia Guerra, Andrea Salinas, Iván Perea y Darío Rivadeneira.
También participaron autoridades del Servicio Penitenciario —entre ellas Antonio Quinteros, Fabio Torres y Diego Leal— y representantes de la firma constructora responsable de la obra.
El ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Marcelo Nazur, subrayó la rapidez en la ejecución y la adaptación del pabellón a normas vigentes sobre tratamiento de menores.
Infraestructura y servicios
Según la memoria técnica que acompaña el proyecto, el edificio dispone de dos alas diferenciadas: una para alojamiento y otra destinada a administración y tareas educativas. Además cuenta con un salón de usos múltiples pensado para talleres, actividades recreativas y visitas.
La organización del espacio pretende facilitar intervenciones socioeducativas, con áreas exteriores y patios que, según funcionarios, cumplen los requisitos para garantizar condiciones dignas de internamiento.
Contexto político y judicial
El anuncio del instituto fue mencionado por el gobernador Osvaldo Jaldo en la apertura de sesiones legislativas, donde vinculó la medida a la necesidad de responder a incidentes delictivos con menores y a los cambios en la normativa sobre imputabilidad que se debaten a nivel nacional.
En los últimos días se llevaron a cabo reuniones entre el ministro Masso y jueces de menores, y está prevista una ronda de encuentros con defensores de menores para coordinar supervisiones y recorridas judiciales del establecimiento.
Qué sigue
Antes de cualquier traslado efectivo, la Justicia deberá inspeccionar y avalar el funcionamiento del instituto. Las autoridades prometen continuidad en las reuniones con operadores judiciales y sociales para ajustar protocolos de ingreso, visitas y régimen educativo.
La puesta en marcha del Padre Brochero modifica la logística del sistema de atención a adolescentes en conflicto con la ley en la provincia: abre la posibilidad de concentrar recursos específicos, pero también plantea el desafío de garantizar controles independientes, programas de reinserción y supervisión judicial constante.
