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El Gobierno afronta esta semana una definición clave en el Congreso: avanzar con el Presupuesto 2027 mientras negocia para contener a la oposición. De ese proceso dependerán partidas para universidades, recursos para discapacidad y el calendario legislativo que definirá si el proyecto llega al recinto antes del cierre de sesiones.
La hoja de ruta oficial
Las primeras conversaciones entre aliados y el oficialismo se realizaron con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. El objetivo explícito del bloque oficial es cerrar acuerdos rápidos que permitan firmar un dictamen de comisión el 28 de octubre y llevar el texto al recinto en noviembre.
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Si el plan se cumple, La Libertad Avanza pretende otorgar al Senado tiempo suficiente para un tratamiento exprés antes del fin de las sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre. No obstante, en los despachos legislativos advierten que ese calendario depende de la solidez de los pactos tanto en el Congreso como en la Casa Rosada.
- Comisión de Presupuesto y Hacienda: apertura de las exposiciones y debate técnico; actúa el diputado Bertie Benegas Lynch.
- Fechas clave: audiencias los días 19, 20, 27 y 28 de octubre, con la intención de dictaminar el último día señalado.
- Sesiones especiales en discusión: la oposición pidió sesión para el 15 de octubre; el oficialismo convocó una sesión especial para el 21 de octubre.
Reclamos y puntos conflictivos
Las principales tensiones brotan por pedidos de mayor financiamiento para la educación superior y para políticas de atención a la discapacidad. Diputados vinculados a los gobernadores de Misiones y Salta, agrupados en Argentina Federal, presionan para que el presupuesto incluya fondos que permitan cumplir la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y actualizar salarios docentes.
El diputado Alberto Arrúa presentó una iniciativa que demanda que la pauta 2027 asegure recursos para funcionamiento, sueldos y becas. Esa exigencia se suma a otras demandas territoriales que pueden condicionar acuerdos más amplios.
Estrategia para neutralizar a la oposición
Para evitar que la oposición tenga la iniciativa parlamentaria, Menem busca combinar en el temario proyectos de su espacio con normas que atraigan a aliados moderados. Entre los puntos incluidos están iniciativas sobre discapacidad y un plan de desendeudamiento familiar, dos de las demandas opositoras que ya cuentan con dictamen.
La maniobra persigue, además, aislar la propuesta de derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, impulsada por sectores críticos, que busca anular la eliminación de límites a la compra de tierras rurales por extranjeros.
Factores externos que pesan sobre el clima político
En los últimos días la Corte Suprema intervino con una decisión que restableció la vigencia de la Ley de Tierras, fijando límites a la adquisición de campos por parte de extranjeros. Ese fallo le devolvió a la Casa Rosada un respaldo institucional que modifica la dinámica del debate y reduce la capacidad de la oposición para capitalizar el reclamo contra el decreto presidencial.
Además, la puja por el quórum obliga a la oposición a lograr la presencia de 129 diputados si pretende forzar sesiones decisivas, un condicionante que hoy aparenta complejo cumplimiento por efectos de maniobras políticas y resoluciones judiciales recientes.
Qué está en juego para la sociedad
El resultado de estas negociaciones no es sólo una disputa entre fuerzas políticas: determina montos destinados a universidades públicas, la continuidad y ampliación de prestaciones para personas con discapacidad y la asignación de recursos para políticas sociales. Retrasos o recortes en esas partidas tendrán impacto directo en becas, salarios docentes y programas de atención.
En el terreno político, el avance o estancamiento del Presupuesto servirá de termómetro para la capacidad de la coalición oficial de articular mayorías y para la estrategia opositora en las semanas previas al cierre de sesiones.
- Fechas inmediatas: audiencias técnicas y debate en comisión durante octubre.
- Riesgos inmediatos: falta de acuerdo puede postergar el envío al recinto y complicar la aprobación antes del 30 de noviembre.
- Impacto social: posible afectación de partidas para universidades, salario docente y programas de discapacidad.
La semana que comienza será, por tanto, decisiva para ver si el oficialismo consigue traducir negociaciones en votos o si la resistencia opositora y los factores judiciales reconfiguran el calendario legislativo y el contenido final del Presupuesto 2027.
