Mostrar resumen Ocultar resumen
En Tucumán, miles de personas salieron a la calle tras conocerse que el Estado dejará de pagar un programa que sirvió como ingreso para trabajadores de la economía popular. La medida afecta a decenas de miles en la provincia y pone en alerta a organizaciones sociales de todo el país por sus efectos inmediatos.
Qué cambió y por qué importa hoy
El Gobierno nacional resolvió discontinuar el plan conocido como Volver al Trabajo, que garantizaba una ayuda mensual de 78.000 pesos a beneficiarios que realizaban tareas comunitarias y de cuidado. Aunque la eliminación había sido anunciada con anterioridad, un fallo judicial mantenía los pagos hasta ahora; la reciente revocación de esa medida cautelar abre la puerta a la suspensión de los desembolsos en agosto.
Argentina, destino atractivo para inversores: Michael Hoe Knudsen destaca oportunidades
Malvinas: declaraciones de Trump sacuden la agenda y Milei aviva la tensión
La decisión coincide con la implementación de un nuevo esquema de vouchers para capacitación laboral impulsado por la administración de Javier Milei, pero las organizaciones advierten que la transición dejará a muchas familias sin ingreso inmediato.
Protestas en las calles de Tucumán
En la plaza Independencia, frente a la Casa de Gobierno, agrupaciones sociales, gremiales y políticas montaron un acto con discursos y ollas populares, bajo un estricto operativo policial. Los manifestantes reclamaron que la quita del beneficio afectará a trabajadores informales: vendedores ambulantes, personal de comedores, cartoneros y quienes realizaban tareas de mantenimiento en escuelas y barrios.
Los dirigentes coincidieron en que la medida tiene un impacto sensible en la vida cotidiana de quienes ya afrontan precariedad económica, y anunciaron nuevas movilizaciones para las próximas semanas.
Voces desde la protesta
Tania Apud, de 32 años y oriunda de Santa Ana, contó que combina la venta de comida callejera, elaboración de productos caseros y trabajos eventuales para sostener su hogar, y que la ayuda del programa era parte clave de sus ingresos. Otro participante, un estudiante universitario que integra una organización social, señaló que esa asignación sostenía tareas comunitarias y facilitaba el inicio de mes para muchas familias.
Referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos y del Polo Obrero reclamaron que el Estado no reemplaza de forma inmediata la asistencia por empleos formales, y recordaron que las capacitaciones ofrecidas no han garantizado salida laboral para quienes completaron cursos.
Impacto estimado y calendario
| Concepto | Datos |
|---|---|
| Beneficiarios en Tucumán | Más de 50.000 personas |
| Beneficiarios a nivel nacional | Aprox. 900.000 personas |
| Monto mensual | 78.000 pesos |
| Situación judicial | Revocación de la cautelar que mantenía los pagos |
| Administración responsable | Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello |
| Próximas acciones anunciadas | Movilización nacional programada para el 7 de agosto |
Reclamos y demandas
- Reincorporación o transición con garantías para los beneficiarios afectados.
- Mayor inversión en empleos formales que realmente absorban a quienes completaron capacitaciones.
- Medidas de urgencia para evitar la pérdida de ingresos en familias que dependen del programa.
Los organizadores piden unidad entre sindicatos, movimientos sociales y sectores populares para que la protesta sea masiva y obligue a las autoridades a ofrecer soluciones concretas. Insisten en que las capacitaciones y los vouchers deben acompañarse de puestos de trabajo reales para evitar que la asistencia social quede como la única herramienta de sostén.
Qué puede esperarse ahora
En el corto plazo, el corte de los pagos generará presión social y, según los voceros, nuevas medidas de protesta en distintas provincias. En paralelo, el Gobierno promociona el cambio hacia un modelo que prioriza la capacitación con vouchers; lo que resta por ver es la velocidad con la que esos programas absorberán a los afectados y si existirá una compensación transitoria.
Para muchos beneficiarios, la cuestión no es solo técnica: se trata de mantener un ingreso que permite comprar alimentos y cubrir gastos básicos. El desenlace en las próximas semanas definirá si la transición se realiza con menos costos sociales o si, por el contrario, se agudiza la tensión en los barrios más vulnerables.
