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La Corte Suprema dejó firme la actualización del decomiso en la causa Vialidad: la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados deberán afrontar de forma solidaria un monto equivalente a casi $685.000 millones. La decisión frena los recursos presentados para anular la medida y acelera la ejecución patrimonial sobre los bienes alcanzados.
Qué resolvió el tribunal
Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa de la ex mandataria y por el empresario Lázaro Báez. El máximo tribunal consideró los recursos inadmisibles en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y confirmó la actualización del decomiso.
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La resolución también negó los intentos de detener la ejecución patrimonial, que ya incluye la tasación de parte de los bienes afectados por la medida. Además, la Procuración solicitó que a Fernández de Kirchner no se le restituya la pensión por viudez.
Cómo se calculó el nuevo monto
Tras la confirmación definitiva de la condena, el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte, con intervención de peritos designados por las defensas y la fiscalía, recalculó el valor usando la evolución del Índice de Precios al Consumidor del INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025. Esa actualización elevó el decomiso inicial hasta la cifra ahora ratificada por la Corte.
La causa Vialidad se inició con la sentencia del Tribunal Oral Federal N°2, que en diciembre de 2022 condenó a la entonces vicepresidenta por administración fraudulenta y fijó un decomiso por sobreprecios en obras viales. En las instancias posteriores la Cámara Federal de Casación y el propio Tribunal Oral confirmaron aspectos clave de la pena y la cuantía, antes de que la Corte interviniera sobre las últimas impugnaciones.
- Monto original fijado en sentencia: $84.835.227.378,04
- Monto actualizado confirmado por la Corte: $684.990.350.139,86
- Bienes alcanzados: tasación parcial de 111 inmuebles
- Tribunales que intervinieron: Tribunal Oral Federal N°2, Cámara Federal de Casación Penal y Corte Suprema
- Base de actualización: IPC del INDEC (noviembre 2022 – mayo 2025)
Reclamos de las defensas y respuesta judicial
Los abogados de la ex presidenta cuestionaron el método de actualización y sostuvieron que la cifra de la sentencia era de carácter provisorio, por lo que impugnaron el uso del IPC como referencia. Por su parte, la defensa de Báez alegó falta de competencia del Tribunal que ejecutó el decomiso, señalando que esa tarea correspondía a otro tribunal que lo había condenado en otra causa.
La Corte consideró estas argumentaciones inadmisibles y mantuvo la decisión adoptada por los tribunales inferiores, dejando sin efecto los recursos que buscaban frenar la ejecución patrimonial.
Qué puede pasar ahora
Con la confirmación judicial, la etapa de ejecución avanza: ya se desarrollan tasaciones y pueden articularse embargos, remates o medidas similares contra los bienes incluidos en el decomiso. Esos pasos determinarán en la práctica la recuperación de fondos para el Estado y el alcance real del perjuicio patrimonial que deberán reparar los condenados.
En términos políticos, la resolución tiene impacto inmediato porque consolida una consecuencia económica relevante para las partes involucradas y reabre el debate público sobre la responsabilidad patrimonial en casos de corrupción de obra pública.
La causa queda así en la fase de cumplimiento forzoso: los detalles sobre plazos, posibles apelaciones extraordinarias y la forma en que se materializará la ejecución serán las próximas determinaciones que deberán resolverse en el circuito judicial.
