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Una resolución judicial de 648 páginas reactivó un capítulo clave del atentado a la AMIA: el juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho presuntos responsables de origen iraní y libanés y ordenó embargos millonarios, abriendo la puerta a un posible juicio en Argentina pese a que varios acusados permanecen fuera del país. La decisión, impulsada por la aplicación de la Ley N° 27.784 sobre juicio en ausencia, cambia el curso procesal y tiene consecuencias políticas y diplomáticas inmediatas.
El fallo atribuye a los procesados delitos que incluyen homicidios y lesiones reiteradas agravadas por motivos religiosos o raciales, utilización de un medio apto para generar peligro colectivo y daño agravado por discriminación. El magistrado también sostuvo que los hechos constituyen un crimen de lesa humanidad y calificó la agresión en términos de genocidio conforme a estándares del derecho internacional.
Además de los procesamientos, el tribunal dispuso un embargo preventivo equivalente a US$ 500 millones sobre los bienes de cada imputado y ordenó la intervención de la UFI AMIA, conducida por el fiscal Sebastián Basso, en la continuidad de las pesquisas.
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Qué sostiene la investigación
Según la reconstrucción formalizada por la fiscalía, la decisión política de perpetrar el atentado habría sido tomada en 1993 por altos mandos del gobierno iraní, que luego habrían encargado la ejecución operativa a Hezbollah. Para llevar a cabo la acción en Buenos Aires se habría desplegado una red logística con base en la llamada Triple Frontera, que facilitó el traslado de recursos y la recopilación de información.

- Responsabilidad estatal: el tribunal imputó el rol de autoridad mediata a cuatro exfuncionarios iraníes por haber decidido y provisto los medios estatales para el ataque.
- Colaboración local: se procesó a personas que, según la Justicia, ofrecieron cobertura diplomática y apoyo operativo desde el país.
- Coordinación operativa: un agente vinculado a Hezbollah fue señalado como coordinador de la fase final de la logística y ejecución en Buenos Aires.
Quiénes fueron procesados
El fallo divide a los imputados según el grado de participación:

- Autoridad mediata: Alí Fallahijan, Alí Velayati, Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi.
- Complicidad necesaria: Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani y Ahmad Asghari.
- Coordinador operativo: Salman Raouf Salman (también conocido como Samuel El Reda).
El tribunal dictó falta de mérito para otros dos investigados y dejó sin resolución la situación de algunos mencionados en la causa por encontrarse fallecidos, por lo que no hubo medidas penales definitivas contra ellos en esta instancia.
Pasos procesales y efectos previsibles
La resolución incorpora varios trámites que pueden demorar meses: la defensa oficial podrá apelar el procesamiento presentado por el defensor Hernán Silva; la Corte Suprema fue notificada para pronunciarse sobre posible vinculación entre este caso y el atentado a la Embajada de Israel de 1992; y, si los procesamientos se confirman en instancias superiores, el juzgado estaría habilitado para elevar la causa a juicio oral y público.
- Embargos preventivos: US$ 500 millones por imputado.
- Possibilidad de apelación: defensa oficial ya anunció que recurrirá.
- Intervención de la Corte Suprema: analizará la conexión con la causa de 1992.
- Si se confirma, lo siguiente sería el auto de elevación a juicio oral.
La aplicación de la Ley de juicio en ausencia fue clave para avanzar contra personas que no están localizadas en el país: la norma permite procesar y juzgar cuando los acusados son extranjeros y se mantienen prófugos, garantizando a la vez la asistencia técnica por medio de la Defensa Oficial para preservar las garantías procesales.
Reacciones públicas
El Gobierno nacional celebró el procesamiento como un avance contra la impunidad. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, lo definió como un hito en la causa AMIA; el presidente Javier Milei respaldó esa mirada en sus redes. Al mismo tiempo, organismos de víctimas y organizaciones sociales reclamaron que el proceso derive en respuestas efectivas y en medidas concretas para que la sentencia tenga efectos reales.
En términos prácticos, la medida limita por ahora la ejecución material de sanciones: la efectividad de embargos y ordenes de captura dependerá de cooperación internacional y de la localización de bienes y personas fuera de la jurisdicción argentina.
La resolución de Rafecas reabre una investigación que marcó a generaciones y obliga a actores judiciales y políticos a definir los próximos pasos: desde la respuesta internacional hasta la concreción de un juicio que, para las víctimas, supone la posibilidad de un cierre judicial después de décadas de espera.












