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Una polémica pública entre el oficialismo tucumano y el candidato de La Libertad Avanza reavivó el debate sobre la reforma electoral y colocó en el centro del conflicto dudas sobre la **idoneidad** y la **residencia** del postulante. Lo que parecía una discusión técnica sobre PASO y boletas derivó en acusaciones cruzadas con impacto potencial de cara a 2027.
Choque por la reforma electoral
Lisandro Catalán, candidato provincial por La Libertad Avanza, volvió a reclamar una modificación profunda del sistema de votación en Tucumán: propone suprimir las primarias obligatorias nacionales y adoptar la Boleta Única de Papel como alternativa para reducir costos y, según él, mejorar la transparencia.
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Desde el oficialismo interpretaron la propuesta como un intento de trasladar un esquema nacional al ámbito provincial sin considerar particularidades locales. En ese marco, la respuesta no tardó en llegar desde la fiscalía adjunta.
La réplica del Estado
El fiscal adjunto Raúl Ferrazzano cuestionó la legitimidad del dirigente para intervenir en asuntos internos de la provincia. Puso el acento en expedientes vinculados al domicilio del candidato y pidió que esos temas se aclaren ante la Justicia antes de que Catalán pretenda dar lecciones sobre cómo organizar la vida pública tucumana.
Ferrazzano sostuvo que conocer el territorio y responder por asuntos administrativos y legales locales es un requisito básico para ejercer críticas con fundamento.
Acusaciones cruzadas y eje político
El intercambio no se limitó a normas electorales. Catalán también atacó a figuras del oficialismo —incluido el exgobernador— por lo que describió como una gestión que desalienta la inversión en la provincia. Desde el bloque oficial replicaron con referencias al presupuesto legislativo y a la capacidad de quien aspira a gobernar para presentar propuestas concretas.
- Posición de Catalán: eliminar PASO, instaurar BUP y promover supuesta eficiencia fiscal.
- Respuesta oficial: poner en duda la autoridad moral y la residencia del candidato; defender la gestión cotidiana del gobernador.
- Riesgos políticos: litigios sobre empadronamiento pueden complicar candidaturas y concentrar la atención mediática antes de las primarias o las elecciones generales.
Qué está en juego para los votantes
Más allá del intercambio de reproches, la disputa plantea preguntas concretas para los electores: ¿qué sistema de votación resultaría más seguro y transparente en Tucumán? ¿Cómo afectan las cuestiones de residencia y legalidad a la legitimidad de un eventual candidato? Estas dudas pueden condicionar alianzas y estrategias rumbo a 2027.
Por ahora, las partes mantienen posiciones encontradas: Catalán sostiene que su diagnóstico responde a una agenda nacional que debería replicarse localmente; el oficialismo reclama primero certezas sobre la situación registral y la experiencia de gobierno.
Próximos pasos
Quedan por delante instancias judiciales y debates legislativos que definirán si alguna modificación electoral avanza y cómo impactará en el calendario político. Hasta que esos procesos no concluyan, la controversia seguirá alimentando la agenda provincial.
En definitiva, la disputa no es solo una pulseada retórica: también plantea consecuencias prácticas sobre la forma en que se organizan los comicios y sobre la capacidad de los candidatos para participar sin cuestionamientos legales.
