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La comisión bicameral que monitorea las privatizaciones pidió al Poder Ejecutivo respuestas concretas sobre los procesos de venta y concesión en curso, ante señales de irregularidades en las valuaciones. La medida, aprobada esta semana en el Senado, busca acelerar la entrega de informes y la comparecencia de funcionarios clave para garantizar transparencia y evitar pérdidas patrimoniales.
El encuentro se realizó en el Salón Illia y estuvo presidido por el senador Pablo Cervi (LLA). Allí se acordó elevar un pedido técnico, económico y jurídico al gobierno de Javier Milei para que detalle los criterios y avances en varias operaciones que afectan empresas estatales.
Qué piden los legisladores
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La solicitud de información abarca procesos que, según los legisladores, requieren aclaraciones sobre metodología, plazos y actores responsables. Además de documentos escritos, la Bicameral votó citar a funcionarios del Ejecutivo a exponer en la comisión.
- Energía Argentina S.A. (Enarsa) — situación del marco de venta y los estudios de valuación.
- Intercargo SAU — normas aplicadas para la concesión y su impacto operativo.
- Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) — condiciones contractuales y evaluación socioambiental.
- Servicios ferroviarios de cargas y pasajeros — alcance de las concesiones y continuidad del servicio.
- Corredores Viales S.A. — criterios para la transferencia de activos viales.
- Nucleoeléctrica Argentina S.A. — valoración de activos y garantías técnicas.
- Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) — situación patrimonial y laboral.
Entre los funcionarios que la Bicameral pretende convocar figura Diego Chaher, a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas del Ministerio de Economía. La comisión estableció un plazo de respuesta de 15 días hábiles para que el Ejecutivo remita la documentación solicitada; las audiencias públicas se prevén desde la segunda semana de septiembre.
Riesgos señalados y posibles consecuencias
Legisladores y analistas han alertado sobre un mecanismo que podría provocar la subvaluación de activos estatales. Informes periodísticos indican que algunas valuaciones tradicionales del Estado habrían sido reemplazadas por peritajes de una nueva unidad dentro del banco BICE, lo que despierta dudas sobre independencia técnica y transparencia.
Si las ventas se concretaran a valores por debajo del mercado, el Estado podría dejar de percibir recursos significativos. También existe el riesgo de deterioro en servicios públicos si las condiciones de concesión no garantizan inversión adecuada.
Implicaciones para la ciudadanía
Para los ciudadanos, el asunto tiene efectos directos: impacto en tarifas, calidad de servicios y uso de recursos públicos. La comisión busca determinar si las estrategias de privatización preservan el interés público o favorecen reducciones de precio que beneficien a compradores privados.
Los puntos a seguir en las próximas semanas incluyen:
- Recepción del informe oficial en el plazo de 15 días hábiles.
- Fechas y contenido de las exposiciones públicas de los funcionarios.
- Documentos técnicos que respalden las valuaciones y los criterios aplicados.
- Recomendaciones o medidas que la Bicameral proponga luego de las audiencias.
La aprobación de estos nuevos pedidos de informes deja la pelota en la cancha del Ejecutivo: el Estado tiene ahora la oportunidad de despejar dudas sobre sus procedimientos y demostrar que las privatizaciones se manejan con rigor técnico y control público.
Seguiremos informando sobre la llegada de los informes solicitados, las comparecencias y cualquier modificación en los cronogramas de venta o concesión.
